El Juzgado número tres de Ponteareas acordó el archivo y sobreseimiento provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad, Salvador González Solla (PP), acusado de prevaricación por el exteniente de alcalde del BNG y abogado ponteareano, Roberto Mera, por supuestamente permitir la destrucción de un atrio del siglo XVIII en la iglesia de Guillade.
En el proceso también se denunció al párroco, José Carlos Pérez Montes, que realizó las obras, por un supuesto delito de desobediencia al no cumplir una orden de paralización de las obras por parte de la Policía Local.
Si en el caso del cura-parroco, el Juzgado entiende que el delito está prescrito -pasaron más de tres años desde la acción- en el caso del exalcalde valora que no existe prevaricación.
En el denso auto, en el que se exponen todos los hechos, se indica que "el querellante, Mera Cobas, señala como primer hecho que Salvador González Solla dejó caducar el expediente de reposición que incoó él como alcalde accidental de Ponteareas el 22 de agosto de 2003 y de ahí se deriva el resto de la argumentación; pues bien, se trata de una conjetura o apreciación del querellante del que no ha quedado constancia probatoria alguna; respecto a la intercesión por parte del alcalde para que no se incoe expediente tampoco queda constancia de conducta penal alguna..."
Además el juez especifica que González Solla "intentó tomar las medidas necesarias, no apreciándose en este juzgador ninguna actitud obstativa".
El texto de la sentencia añade que las diligencias previas no tienen sentido "pues los autos no tienen transcendencia penal". "De lo actuado se desprende que nos encontramos ante actuaciones de naturaleza administrativa, como así demuestra la multitud de pleitos entre las partes en el ámbito contencioso sobre la materia..."
El auto, que fue notificado ayer a las partes, también entra en el fondo de la valoración del delito de prevaricación e indica que para que este pueda ser posible debe existir una resolución injusta a sabiendas, que no existiría en este caso, dejando claro que la dilación y el silencio administrativo no suponen por si solos prevaricación.
El exalcalde González Solla y Pérez Montes fueron denunciados por Roberto Mera en 2012 por la comisión de un presunto delito de desobediencia, contra la ordenación del territorio y prevaricación.
Además, Mera solicitó la imputación del exdirector general de Patrimonio por autorizar la legalización de la obra con informes técnicos contrarios en una actuación en la que el letrado considera que se produjo un trato de favor y tráfico de influencias por parte del cura, el exalcalde y el propio director xeral.
