CONDADO PARADANTA

La Audiencia ordena que se investigue la destrucción de un atrio del siglo XVIII

Los investigados, el exalcalde Solla y el párroco de Guillade, Pérez Montes, pidieron que se archivase el caso - Retiraron un enlosado con tumbas para poner granito pulido

13.04.2016 | 02:05
La obra retiró losas datadas en el siglo XVIII para poner granito pulido. // D.P./ Roberto Mera

La Audiencia Provincial de Pontevedra dictó el pasado día 7 de abril un auto por el que rechaza el recurso interpuesto por el ex alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla y el cura de Guillade, José Carlos Pérez Montes en la causa que investiga la destrucción del atrio histórico de la Iglesia de Guillade.

En su recurso, el exalcalde y el cura se oponían a la toma de declaración como testigos del exalcalde José Castro y la arquitecta municipal y solicitaban el archivo del procedimiento.

Según explicó ayer el abogado Roberto Mera, que actúa como acusación popular en la causa, la Audiencia Provincial rechaza de plano el recurso indicando que las declaraciones testificales son pertinentes. Pero además la Audiencia Provincial deniega también el archivo solicitado por los dos investigados al considerar que hay razones que justifican proseguir con la investigación. Así, la Audiencia recuerda que en febrero de 2005 Patrimonio ordenó devolver el atrio a su estado original, después de que el cura hubiera levantado las tumbas del siglo XVIII y las sustituyera por plaquetas de piedra pulida.

El tribunal prosigue indicando que cuando en 2012 el cura solicita legalizar aquella obra a la arquitecta de la Dirección Xeral de Patrimonio decidió no emitir informe al considerar que no se presentaba ningún proyecto, por lo que la autorización que Patrimonio dio a las obras en 2012 carecen de informes técnicos favorables. La Audiencia concluye que es necesario continuar la investigación "puesto que se observa un cambio en él criterio hasta entonces sostenido por lana Dirección Xeral de Patrimonio Cultural".

Finaliza el auto indicando que no procede el archivo de la causa sino la práctica de las pruebas acordadas y todas aquellas que se estimen necesarias.

González Solla y Pérez Montes son investigados por la comisión de delito de desobediencia, contra la ordenación del territorio y prevaricación como consecuencia de la denuncia interpuesta en 2012 por el abogado Roberto Mera. El Ayuntamiento también está personado en la causa como acusación particular.

Además, Mera solicitó la imputación del exdirector general de Patrimonio por autorizar la legalización de la obra con informes técnicos contrarios en una actuación en la que el letrado considera que se produjo un trato de favor y tráfico de influencias por parte del cura, el exalcalde y el propio director xeral.

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