La entrada en vigor de la nueva Lei do Solo de Galicia el pasado 19 de marzo complica las gestiones iniciadas por el departamento de Urbanismo de Gondomar para evitar los siete derribos que la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta (APLU) ha ordenado en la parroquia de Morgadáns. La normativa, que reforma la llamada LOUGA de 2002, obliga a los ayuntamientos a adaptar todos los documentos urbanísticas no aprobadas inicialmente. Es el caso de la delimitación de núcleos que el gondomareño ha puesto en marcha precisamente para legalizar las edificaciones bajo la amenaza de la piqueta, concretamente seis viviendas y el local social de la comisión de fiestas de Prado, y con el fin de resolver expedientes urgentes como la concesión de licencias atrapadas por la ausencia de Plan Xeral en el municipio.
El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, lamenta el retraso que supondrá esta modificación de la norma, especialmente por la inquietud que pueda generar entre los afectados por los derribos, pero lanza un mensaje de tranquilidad. Los recursos de reposición contra las órdenes de demolición han sido presentados ya ante la APLU, cuyo director le aseguró en una reunión que no se procedería a ejecutarlas siempre que los inmuebles afectados fuesen legalizados. Otra cosa es lo que ocurra con aquellos casos denunciados ante la Fiscalía. Todo dependerá de la celeridad de la administración de justicia en tramitarlos y de la posibilidad de que aparezcan sentencias desfavorables antes de su encaje legal.
Varios meses
La oficina de Urbanismo trabaja ya en la revisión de los núcleos afectados. Cinco de ellos habían sido expuestos ya al público y tan solo faltaban los informes sectoriales para plantear su aprobación inicial al pleno. Son tres en Morgadáns -Campo Grande, San Roque y Prado-, A Mourisca en Chaín y Penalba en Mañufe. Los técnicos tendrán que elaborar informes ambientales sobre todos ellos, que se remitirán a la Xunta para que dé su visto bueno, acotar las alineaciones de caminos, comunicar individualmente estas gestiones a los afectados y exponerlos de nuevo al público. Unos trámites que el Concello podrá solventar en tres meses, según indica Araúxo, pero que dependerán de la respuesta del Ejecutivo autonómico para llegar a la aprobación inicial. "Non sabemos o que pode tardar a Xunta en pronunciarse", advierte el edil.
A estos cinco se suman otros siete núcleos, cuya redacción ya había sido iniciada por parte de la oficina de Urbanismo. Se trata de otros cuatro en Morgadáns -Cerdeira, Carballás ou Entreviñas, Guillufe y Batizosa-, A Fraga en Couso, Texosa en Mañufe y A Rochela en Vilaza. En estos casos, se procederá a reconducir la delimitación para adaptarla a la nueva ley.
La modificación normativa genera dudas también al Concello de Gondomar respecto a la concesión de licencias, por lo que Araúxo ha solicitado una reunión al subdirector xeral de Urbanismo de la Xunta para aclararlas, además de reclamarle agilidad en los informes para evitar que la demora en la aprobación de los mencionados núcleos genere mayores problemas.
