El conflicto del Concello de Gondomar con la concesionaria de la recogida de basura, Geseco, se resolverá a través de una negociación. La compañía, que amenazó hace una semana al Ayuntamiento con suspender su actividad el 12 de enero si no se le abonan en los próximos días 300.000 euros por ocho facturas desde julio, tendrá que ceder en su postura. Así lo aseguraron ayer el concejal de Economía e Facenda, Pauliño del Río, y la edil de Medio Ambiente, Jimena Varela, ambos representantes de CABE, que plantaron cara públicamente al ultimátum de la empresa. Aprecian irregularidades en la situación contractual de la adjudicataria, que funciona desde hace un año en virtud de un acuerdo verbal con el anterior alcalde, Fernando Guitián, y consideran que los costes del servicio son "inasumibles" para el municipio. Aseguran que así lo indica un informe del departamento de Intervención municipal encargado al respecto en octubre.

El asunto parece generar discrepancias en el tripartito, al menos entre el alcalde, el socialista Paco Ferreira, y los representantes de Gondomar Concello Aberto. Del Río y Varela matizaron ayer las declaraciones que el regidor realizó el martes a este diario. No se pagará sin más la cantidad que reclama Geseco, como señalaba Ferreira, sino que se iniciarán conversaciones con la compañía para garantizar la legalidad y la seguridad jurídica de la concesión, además de mejorar el servicio y abaratarlo.

En principio, aceptan abonar a Geseco cuatro de las ocho facturas que reclama, las más cuantiosas, referidas estrictamente a los trabajos de retirada de residuos en julio, agosto, septiembre y octubre, que suman 272.544 euros. Pero revisarán las restantes, que la compañía presenta por el canon de Sogama en los mismos meses, cuyo importe alcanza los 21.743 euros. En este sentido, Del Río recuerda que el Tribunal Constitucional todavía no ha resuelto sobre el caso en el que numerosos concellos que se han negado a pagar dicho canon al entender que la Xunta ha invadido sus competencias en materia de residuos al aplicarlo.

Las conversaciones deberán resolver, recalcan, las "irregularidades" del contrato. Del Río afirma que el anterior alcalde modificó de forma unilateral sus condiciones en su acuerdo de palabra con la empresa, cuando es el pleno el órgano competente para hacerlo. Se tratarán asimismo mejoras en la prestación. "O Concello pagaba en 2001 425.000 euros e agora máis do dobre, en torno a 900.000, polo mesmo servizo, co mesmo persoal a mesma maquinaria e as mesmas rutas cando a proboación medrou nun 25%", destaca Varela, que pretende incrementar además las cifras de reciclaje, "moi por debaixo das medias galega e estatal" .