Los vecinos afectados por las obras de ampliación de la AP-9 en Chapela esgrimen las actas de las reuniones previas mantenidas con representantes del Ministerio de Fomento y concluyen: "Esto no sirvió para nada".Reunidos en el torreiro de la fiesta, impiden desde el lunes el acceso de vehículos al camino de Pasán, convertido ya en "una alfombra" por el constante tránsito de maquinaria pesada. "Si hubieran cumplido lo que se acordó, ya no estaríamos aquí", argumentan.
La indignación es creciente entre los residentes en la zona. "Cada cinco minutos pasa un camión de 37 toneladas rozando mi casa", dice César Domínguez, portavoz de la Asociación de Afectados. "El asfalto está agrietado, hace semanas rompieron una tubería... ¿dónde está el compromiso de reposición de servicios?", se pregunta Francisco Puch, presidente de la Comunidad de Montes y cabeza visible de los vecinos que hace ya siete años se constituyeron en colectivo ante el anuncio de la obra de ampliación.
Reunión con Audasa
El Concello de Redondela, que en sucesivas ocasiones manifestó su apoyo a las reivindicaciones de los afectados, les convocó ayer a una reunión de urgencia en la que participaron, entre otros enviados por Audasa, el jefe de la obra y el responsable de las expropiaciones. "Nuestro abogado lleva desde el mes de marzo solicitando el expediente de expropiación que afecta a once viviendas, no contempladas en el proyecto inicial de 2010", explica Puch. "No vamos a dejar continuar la obra hasta que nos faciliten esta documentación", advirtió. Durante el encuentro, asegura, la concesionaria se comprometió a hacerla llegar a la mayor brevedad.
Los vecinos de Chapela llevan más de dos meses soportando los inconvenientes de los trabajos en la autopista, sin que reciban por parte de sus responsables una respuesta clara a sus demandas. "El proyecto ni siquiera contempla las pantallas acústicas que reclamamos desde el principio", lamentan.
Pregunta en el pleno
Mañana jueves, la corporación municipal de Redondela tendrá la oportunidad de debatir una vez más sobre esta polémica obra. AER solicitó la comparecencia del alcalde Javier Bas, "para dar las explicaciones necesarias" acerca de los puntos que más preocupan a los afectados: la situación de las expropiaciones, tanto de los espacios públicos (incluido el colegio Igrexa) como viviendas y fincas particulares; las afecciones previstas según la Ley de Carreteras (ocho metros); las referidas al patrimonio histórico y ambiental; el traslado del transformador eléctrico del torreiro, que los vecinos proponen soterrar; y los caminos y servicios municipales que la empresa adjudicataria de la obra tendrá que reponer.
