El propietario de Cánidos Val Miñor, la antigua perrera de Vincios, José Carlos Fernández, negó ayer ante la titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo los dos presuntos delitos de falsedad documental por los que la Fiscalía solicita para él una pena de 9 años de prisión y 5.870 euros de multa y que también atribuye, con la misma petición de condena, al veterinario Ignacio de Miguel, cuyos informes avalaban supuestamente la adecuación de las instalaciones a la normativa.

La vista pone fin a un proceso que inició una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre la actividad de la perrera entre 2009 y 2012. A raíz de varias denuncias de particulares por abandono y deficiencias sanitarias, las pesquisas permitieron localizar en el interior del recinto cuatro fosas comunes con cadáveres de perros en descomposición.

Sin indicios suficientes para imputar al dueño un delito de maltrato animal, el ministerio público sí defiende en su escrito de acusación, elevado ayer a definitivo, que José Carlos Fernández e Ignacio de Miguel incurrieron en un delito continuado de falsedad en certificados y otro de falsedad en documento oficial.

Las defensas, que piden la libre absolución de los dos encausados, rechazan estas acusaciones negando la mayor, puesto que aseguran que el veterinario no emitió certificados, sino "informes", y que el documento oficial al que se refiere la fiscal es un "documento privado" , en concreto un albarán de una empresa de transporte, cuya autoría, además, "no ha quedado acreditada", señalaron.

La imputación de este segundo delito tiene su base en supuestas incongruencias detectadas en los documentos referidos al transporte de los cadáveres de animales. José Carlos Fernández, que reconoció haber encargado este servicio a una empresa, negó sin embargo que, como señala la Fiscalía, entregase albaranes de control de recogidas que no se realizaron. Este extremo, sin embargo, parece confirmado tras el testimonio del responsable de la compañía de transporte, al que no consta al menos la realización de uno de los servicios justificados documentalmente.

Por otro lado, la fiscal justifica en su escrito la falsedad continuada en diversos informes realizados por el veterinario "a petición y de acuerdo" con el titular de la perrera sobre la adecuación de las instalaciones. De Miguel reconoció ayer haber realizado uno de ellos cuando inició su colaboración con Cánidos Val Miñor en 2009 con el fin de "actualizar" una memoria arquitectónica previa sobre la perrera, que se había ampliado para acoger más animales.

Durante su colaboración Cánidos Val Miñor, por la que dijo que nunca cobró, aseguró haber redactado informes en cada una de sus visitas, al menos una al mes. En estos documentos se limitaba a constatar la "situación clínica de los animales" y no a certificar la legalidad del recinto, agregó y dijo no haber visto nunca las fosas comunes ni que se arrojasen en ellas animales.

Sí reconoció, en cambio, un "error" u "olvido"en la relación de eutanasias de canes que facilitó al Seprona y que no coincide, por omisión, con el listado que aportó el titular de la perrera. "¿Por qué iba a querer ocultarlas?", planteó, "las habría incluido igual que el resto".