La defensa del alcalde de Porriño, Nelson Santos, imputado en una causa por, entre otros, los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha pedido al Juzgado que se autorice un careo judicial entre el primer teniente de alcalde, José Manuel Jacobo Vázquez, también imputado, y el segundo teniente de alcalde, Manuel Carrera.
Carrera, había declarado en Fiscalía y también ante la Juez, que desconocía los pormenores de contrataciones de obras y tras presentarle facturas de algunas obras indicó que las mismas no le constaban que fuesen realizadas por las empresas que las facturaban. Su declaración reafirmó las denuncias para la imputación de Jacobo y fortaleció el chaparrón judicial que cayó sobre el alcalde, el primer teniente de alcalde y el concejal de empleo, Alejandro Lorenzo.
Manuel Carrera se había escusado de cualquier responsabilidad indicando que existía una concejalía paralela por lo que no tenía competencias directas en contratación.
La defensa de los imputados cree que con este careo puede quedar claro que la versión de Manuel Carrera no se ajusta a la realidad y que no existieron irregularidades.
La petición de careo se solicita en un momento de máxima tensión en el gobierno local, aunque en apariencia no ocurra nada. Las declaraciones de Jacobo desautorizando a Carrera e incluso haciendo referencia a su enfermedad, motivaron el apoyo implícito de Marcelino Coto, tercer teniente de alcalde, a Carrera, y la visualización de una crisis en el gobierno local, que parece no existir, ya que a pesar de las declaraciones en los juzgados en sentido opuesto, el gobierno sigue en teoría unido y no existen renuncias ni ceses, algo inaudito en la política gallega.
De hecho llama la atención que Manuel Carrera y Marcelino Coto, que serían voces discordantes en el grupo de gobierno, parecen despachar con normalidad con el alcalde, y acuden a su trabajo e incluso participan en ruedas de prensa.
Personación socialista
Por otra parte, la defensa de Santos también ha solicitado que se retire la personación al Partido Socialista, y tras ser denegada por la Juez fue recurrida. Argumenta la defensa que la agrupación socialista puede tener responsabilidad en hechos similares a los denunciados en anteriores gobiernos en los que participaban en Porriño.
