"Estoy disconforme con la sentencia porque soy inocente. No cometí ningún delito. Soy una persona decente, lo fui antes y lo seré siempre". Son las primeras palabras del exconcejal de Urbanismo de Gondomar, el exsocialista Alfonso De Lis Fiúza tras conocerse la sentencia que lo declara culpable de un delito de prevaricación continuada, junto al exalcalde popular Martín Urgal Alonso, que evitó ayer pronunciarse al asegurar desconocer el fallo. La titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo condena a ambos a ocho años y medio de inhabilitación para ejercer cargo público y a las costas judiciales por vetar a la secretaria municipal y a una técnica del departamento de Urbanismo en los asuntos relacionados con la ordenación del territorio y por contratar de manera fraudulenta para suplir las tareas de las funcionarias a un abogado privado, José Martínez Torea, que resultó absuelto del mismo ilícito penal del que también se le acusaba. Al margen de ambas funcionarias y con los informes del asesor externo, concedieron un total de 38 licencias desde febrero hasta junio de 2011.
La sentencia rebaja la petición de condena efectuada por la Fiscalía, que solicitaba dos años de prisión y multas de 22.500 euros para cada uno, además de la inhabilitación de ocho años. Lo hace en aplicación del artículo 404 del código penal, que establece que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".
"Resolución injusta y burda"
La magistrada afirma que Urgal y De Lis dictaron una resolución "injusta y muy burda" cuando prohibieron vía decreto la intervención de las dos funcionarias en los asuntos urbanísticos. El exalcalde no declaró durante el juicio, pero el exedil manifestó que la decisión respondía a que las técnicas se negaban a informar las licencias conforme a la normativa que ellos consideraban vigente -las normas subsidiarias que entraron en vigor tras anular el Tribunal Supremo el Plan Xeral de 1997-. La jueza recalca que los representantes políticos no incoaron los correspondientes expedientes disciplinarios a las funcionarias, sino que "se limitaron a acudir a la vía de hecho, saltándose de forma bastante grosera toda la normativa reguladora de la función pública; ello conlleva a afirmar que la ilegalidad es patente y clamorosa y que se actuaba a sabiendas, anteponiendo la voluntad personal a cualquier otra consideración".
Contrato
El contrato firmado con el abogado también "es constitutivo de delito de prevaricación", según señala el fallo, puesto que se firmó contra el criterio de la interventora municipal, que había advertido de la duplicidad de gasto que generaba al disponer el Ayuntamiento de servicios jurídicos propios. La magistrada apunta también a una vulneración de la ley de contratación pública, dado que se acordó una asesoría de seis meses por 17.500 euros cuando ya existían facturas anteriores por servicios prestados por el letrado. Es decir, se fragmentó para evitar el procedimiento de concurso público que garantizase la libre concurrencia a servicios superiores a 18.000 euros.
El exconcejal de Urbanismo, hoy en la retaguardia política como número dos de Iniciativa por Gondomar, estudia recurrir la sentencia, aunque todavía no se había decidido ayer. En cualquier caso, considera el fallo injusto porque "no recoge ninguna de las pruebas aportadas tanto en el juicio como en las diligencias previas que demostraban que no cometimos ningún delito". Insiste en su inocencia y argumenta que "lo único que hice fue aplicar la normativa urbanística siguiendo las directrices de la sentencia del tribunal contencioso administrativo que condenaba al Concello a conceder licencias por inactividad".
Como hizo ante el tribunal durante la vista oral, el exalcalde Martín Urgal prefirió ayer no valorar las conclusiones de la magistrada. Aseguró enterarse de la existencia de la sentencia condenatoria por este diario y adelantó que realizará declaraciones en cuanto la tenga en su poder, ya que se encuentra de viaje
"Copia" de la acusación
Sí se pronunció el abogado vigués José Martínez Torea, aunque finalmente quedó exculpado del delito de prevaricación que le imputaba la fiscal al creer la jueza que no existen pruebas concluyentes, solo sospechas, de su participación en la redacción de la resolución que apartaba a la secretaria municipal y a la técnica de Urbanismo de sus funciones y del contrato que él mismo firmó con los máximos responsables del Concello de Gondomar en aquel momento. El letrado encuentra carencias "desde el punto de vista jurídico" en la sentencia. Asegura que es "una copia de la acusación fiscal que se basa en la denuncia falsa de la secretaria municipal y la técnica de Urbanismo". Critica que no refleje ninguna de las pruebas de cargo aportadas, como el fallo que condenaba al Ayuntamiento por inactividad, ni los informes de la Xunta que consideraban las normas subsidiarias de aplicación. Por eso cree que Urgal y De Lis "deben recurrir porque son inocentes".
Sobre su absolución, afirma que "a mí no me perdona la vida la jueza". "Soy José Martínez Torea y tengo honor de los pies a la cabeza. Tengo una trayectoria contrastada de medio siglo y me merezco un respeto.", concluye.
