El Juzgado de Instrucción nº3 de Ponteares investiga la posible comisión de delitos de prevaricación, contra el patrimonio histórico artístico, contra la ordenación del territorio y de desobediencia en las obras de levantamiento del conjunto funerario que formaba parte del atrio de la iglesia de Guillade, en Ponteareas, y que se realizaron entre agosto de 2003 y enero de 2005.
En el marco de la investigación fueron imputados el alcalde ponteareano, Salvador González Solla, y el cura de la parroquia, José Carlos Pérez Montes. Por este motivo, ambos prestaron declaración el pasado 1 de julio.
La denuncia que dio lugar a la investigación judicial fue presentada el año pasado por Roberto Mera, quien en 2003 era teniente de alcalde por el BNG y había paralizado entonces las obras promovidas por el cura.
Tras la moción de censura de 2004, que llevó a Solla a la Alcaldía, el cura reinició y acabó las obras. Después de diferentes polémicas y denuncias de la oposición acusando la Solla de no actuar, el alcalde dictó una resolución el 31 de julio de 2008 ordenando la demolición de las obras ejecutadas y la restauración del recinto de la iglesia, resolución que resultó firme al no ser recurrida por el cura.
También la Xunta incoó en 2006 otro expediente que concluyó en 2011 con una sanción de 10.900 euros impuesta al cura, así como la orden de devolver el entorno a su estado original, al estimar la Administración autonómica que las obras no eran legalizables. Esta resolución no es firme y está pendiente del fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Mera, que actúa al mismo tiempo en la causa como acción popular y abogado, acusa en su denuncia a Solla de dejar transcurrir cinco años, desde 2008, sin hacer cumplir la orden de demolición y restauración de la legalidad urbanística. A preguntas de Mera en el juzgado, Solla justificó el retraso de un año y medio en abrir el expediente por no conocer un informe de la arquitecta municipal de 2005.
Además, Solla argumentó, según consta en su declaración judicial, que "desconocía si el promotor había demolido o no las obras y nadie le había informado sobre dicho extremo". Solla, quien ostenta las competencias de Urbanismo, alegó también no saber a quién corresponde en el Concello velar por el cumplimiento de las órdenes de demolición y reposición. Por último, reconoció haber decidido él personalmente la imposición de una multa de 300 euros al cura en lugar de 1.000 euros, que es la mínima que establece la ley.
Permiso verbal
Por su parte, el cura José Carlos Pérez Montes defendió su actuación en el juzgado asegurando que las obras contaban con un permiso verbal de José Castro, concejal de Urbanismo en 2002, y con el apoyo de Nava Castro, entonces alcaldesa.
El párroco reconoció haber desobedecido las órdenes de paralización dadas por la Policía Local, basándose en aquel permiso verbal de años atrás. Además, el cura se negó a responder a las preguntas de Mera, alegando que la denuncia tenía motivaciones políticas y afirmó que "los problemas comenzaron con la llegada del BNG al Ayuntamiento".
Tanto el alcalde como el sacerdote defendieron su actuación advirtiendo que la Dirección Xeral de Patrimonio acordó el año pasado autorizar y legalizar las obras del atrio. No obstante, el alcalde reconoció en su declaración judicial que aún no concedió licencia de obras porque pidió explicaciones a Patrimonio por su cambio de criterio sin haber recibido aún aclaraciones.
