El Concello de Mos abrió un expediente sancionador a la Comunidad de Montes de Guizán y responsabilizó a la directiva de la misma por la construcción de un camino en Sobráns, en una zona limítrofe con el aeropuerto de Peinador y afectada por el oleoducto de Vigo a Salvaterra.
Según consta en la ultima resolución emitida por el Concello, las obras consistieron en el aporte y extendido de tierra en una parcela de la Comunidad de Montes. La tierra se echó en la zona limítrofe con el cierre de las instalaciones del aeropuerto, creándose un camino que va desde Carballo do Monte hasta Sanderices, además se extendió tierra en la zonas linderas del camino, pudiéndose comprobar que existen zonas arboladas llenas de tierra, según consta en la resolución.
Las obras realizadas están valoradas en más de 16.000 euros y no serían legalizables ya que no está permitido la apertura de nuevos caminos o pistas en suelo rústico que no estén expresamente recogidos en el planeamiento urbanístico o en los instrumentos de ordenación del territorio. Además están prohibidos los movimientos de tierras que puedan alterar la topografía natural de los terrenos rústicos.
El arquitecto municipal calificó de grave la infracción urbanística en su informe.
El expediente contra la comunidad ya se había abierto en mayo de 2012 y en julio se impuso una sanción de 6001 euros a la propia comunidad de montes. Fue el mes pasado cuando la junta de gobierno local acordó incoar la responsabilidad a la directiva de la comunidad de montes advirtiendo de una sanción que puede ir de 6.001 a 60.000 euros.
Los hechos habían sido denunciados por un comunero disconforme con la política seguida por la junta rectora y que también recorrió que la sanción fuese impuesta a la comunidad. A entender de este comunero, Javier Fernández Ramallo, no sería justo que la Comunidad de Montes fuese responsable de la actuación arbitraría de su junta rectora por lo que, entiende el denunciante, que la nueva resolución de la junta de gobierno en la que se responsabiliza a la directiva es adecuada.
La escrito del denunciante pide que se imponga una sanción de 6.001 euros a cada uno de los miembros de la junta directiva, y de forma particular al presidente y responsable de la misma.
