La Asociación de Gandeiros de Cabalos do Monte da Groba suma un nuevo argumento en su lucha contra la obligatoriedad de colocar un microchip identificativo a las reses criadas en libertad, como les impone la Xunta. En respuesta a una denuncia presentada hace varios meses por los propietarios del ganado salvaje, la Comisión Europea (CE) confirmó esta semana que, al contrario de lo que sostiene el Gobierno autonómico, la normativa comunitaria sí contempla excepciones que permitirían mantener las marcas tradicionales como método de identificación, tal y como defienden los ganaderos.

Así, aunque en la práctica archiva la queja de la asociación Monte da Groba –puesto que, según señala, la "potestad de aplicar o no excepciones es competencia de los estados miembros" y no puede ser impuesto por Europa–, la CE deja una puerta abierta a la Xunta para resolver el conflicto con los propietarios de los caballos, cuya principal queja es el perjuicio económico que les ocasionaría colocar a los animales unos microchips que cuestan 40 euros, un precio superior al que alcanzan en el mercado las propias reses.

Para los ganaderos, que se sienten herederos de una tradición "amenazada" que cuenta en Galicia con más de cuatro milenios de antigüedad, la resolución de la Unión Europea echa por tierra el principal argumento que servía hasta ahora a la Consellería de Medio Rural para rechazar la flexibilización de la normativa, puesto que el departamento autonómico siempre ha defendido que era Europa quien imponía el microchip en todos los casos.

Sin embargo, el Gobierno gallego esgrime también otros motivos. Aun reconociendo que la cría de caballos salvajes es una práctica que constituye un "importante patrimonio" de Galicia, la Xunta, a petición de la UE, defiende su postura alegando que estos animales "ocasionan frecuentes problemas en zonas limítrofes a los montes en los que se asientan". Entre ellos, destacan la "invasión de zonas de cultivo" y su implicación en "accidentes de tráfico en carreteras comarcales".

Los ganaderos defienden, en cambio, que el microchip no cambiará las cosas, puesto que las asociaciones de ganaderos ya llevan un registro exhaustivo de los animales. Advierten que existen registros de marcas que vinculan a los caballos con sus propietarios y que se obliga a los socios a contratar un seguro de responsabilidad civil ante posibles problemas.

Para los afectados, la medida de la Xunta tiene, además de un "afán recaudatorio", la intención de "hacer desaparecer una actividad con siglos de historia" en Galicia.

Suspenden otro curro y preparan una manifestación

En protesta ante la postura inflexible de la Xunta, los ganaderos de la Serra da Groba volverán a concentrarse este domingo en el curro de Torroña, donde debería celebrarse la segunda rapa de la temporada. Como ya hicieron en A Valga el mes pasado, los ganaderos no reunirán a las reses en el recinto como medida de protesta.

Además, los afectados sustituirán el curro de Mougás, previsto para el día 10, por una manifestación que partirá desde la parroquia Fontes, recorrerá el centro de Baiona y continuará por Baíña hacia el recinto de la rapa. Será la segunda marcha de protesta, tras la celebrada el pasado octubre también en Baiona.