El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega (CIG), contra el proceso de consolidación de empleo que desarrolla el Concello de Ponteareas. En las diligencias judiciales, los delegados sindicales de los trabajadores laborales por la propia CIG se posionaron a favor del Ayuntamiento y en contra del recurso de su sindicato, según se desprende de la resolución judicial.
El proceso de consolidación afecta a un 118 trabajadores laborales, que no poseen la consideración de funcionarios, algunos de los cuales motivaron en su día las razones que posibilitaron la sentencia condenatoria contra el exalcalde José Castro, en la conocida como "querella de los enchufados", promovida por el BNG.
La CIG había interpuesto el recurso contencioso administrativo, al considerar el sindicato nacionalista que el proceso iniciado por el Ayuntamiento de Ponteareas vulneraba la legalidad porque en el concurso oposición se atribuía una valoración excesiva a la fase de concurso en relación con la fase de oposición. También aseguraba la CIG que para este proceso se constituyó la correspondiente mesa de negociación y a la misma fueron convocados los miembros del Comité de Empresa, cuando para el sindicato recurrente, ese no era el órgano competente para tales casos, sino que a la Mesa General debería haber sido convocado el sindicato, como tal organización, para dar cumplimiento al deber general de negociación.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ponteareas afirmó que el proceso de selección al que hacían referencia las bases recurridas afectaba, exclusivamente, al personal laboral –no funcionarial– la negociación previa se había realizado con toda corrección y conforme a derecho, ya que fueron convocados todos los miembros del Comité de Empresa, incluidos los delegados de personal pertenecientes a la propia CIG.
El tribunal, en sus conclusiones, considera que "tal y como se acreditó en el período probatorio, los testigos que presentaron su testimonio, todos ellos pertenecientes a la CIG, alguno de los cuales, además, intervino en el proceso de negociación de las bases recurridas, se oponen franca y abiertamente al recurso formulado..."
Considera el juzgado del Contencioso-Administrativo, por lo tanto, que "esta abrumadora falta de apoyo en los miembros del sindidato a su decisión de recurrir, unida a la circunstancia de que, como ya se refirió, dichos miembros de la CIG de Ponteareas se muestran a favor de los actos impugnados, lleva la conclusión de que, efectivamente, no se puede reconocer en la organización sindical la necesaria y mínima legitimidad activa (...) lo que lleva necesariamente a declarar la inadmisibilidad de dicho recurso".
Por su parte, el alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, y la concejal de Personal, Isabel González Lago, mostraron ayer su satisfacción por "el respaldo que los tribunales dan a la postura que siempre defendió el Ayuntamiento de Ponteareas, que no era otra que realizar un proceso de consolidación de empleo "pactado con todas las fuerzas sindicales con representación en el Comité de Empresa".
Salvador González Solla añadió que tanto él mismo como la concejal de Personal intentaron siempre defender los intereses del personal, "como lo muestra bien a las claras el inicio de un proceso de regularización de su situación en base a un proceso de consolidación de plazas a través de concurso oposición".
Valoración por años
El alcalde ponteareano explicó que "al personal afectado por el proceso de consolidación de empleo, se le tiene que valorar, por simple cuestión de lógica, los años trabajados, tal y como se recoge en las bases reguladoras del proceso". Solla califica las bases además de "claras y transparentes", y "ahora refrendadas por el Tribunal Contencioso Administrativo frente a la opinión de aquellos que no tenían más propósito que tergiversar la realidad, confundir a los trabajadores y buscar una más que discutible rentabilidad política", añade el regidor.
Salvador González Solla se reafirmó en su postura de que el camino emprendido por su gobierno, en materia de regularización de la plantilla, "es el camino correcto, a pesar de los atrancos de algunos, más preocupados de poner palos en las ruedas, que en colaborar a poner freno a una situación que se vive desde hace muchos años en este Ayuntamiento". Concluye que, "dentro de este proceso de regularización, hay que incluir la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, que será presentada en breve".
