A la granja de visones ilegal ubicada en el lugar de Bugallo, en As Mariñas, en la parroquia de Santa María de Oia, le quedan semanas. Así lo aseguró ayer el alcalde, Alejandro Rodríguez, ya que los técnicos municipales ultiman los trámites para proceder al precinto de la instalación sobre la que pesan dos órdenes de cese de actividad a las que su propietario ha hecho caso omiso. Los vecinos no se lo creerán hasta que vean a los agentes de las fuerzas de seguridad colocando la cinta. Llevan cuatro años luchando para lograrlo.

La explotación, una finca de unos 12.000 metros cuadrados cercados por un muro de bloques de hormigón, alberga dos galpones alargados donde crecen unos 2.200 visones en jaulas metálicas. Todo ello sin licencia municipal de construcción ni de actividad, ni los permisos de las Consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural necesarios para desarrollar este tipo de explotaciones en suelo rústico.

Agentes del Seprona de Tui denunciaron las irregularidades del criadero por primera vez en septiembre 2006, cuando los vecinos iniciaron el proceso. Entre los incumplimientos de la empresa a nombre de José Manuel Álvarez Álvarez, vecino de A Guarda, los efectivos recalcan la falta de licencias, el vertido de aguas fecales con posible contaminación de las aguas subterráneas, la acumulación de estiércol al aire libre, la ausencia de un contrato para gestionar los residuos, la carencia de autorización administrativa e inscripción en el registro mercantil, la falta de seguimiento de las normas de sanidad animal y la eliminación de residuos de especial tratamiento y cadáveres contraviniendo las normas de salud pública y protección del medio ambiente.

Y es que los guardias pudieron verificar que el propietario acumula los excrementos de los animales en el recinto sin control e incluso arroja los cuerpos de los visones a una fosa en el centro de la finca tras retirarles la piel.

Tras el informe del Seprona motivado por las denuncias vecinales, el concejal de Urbanismo, Camilo González, ordenó el cese de actividad, pero el propietario obvió el requerimiento, así que el alcalde reiteró la orden de cierre en agosto de 2007. Han pasado tres años sin cambios. Los vecinos ya no pueden más y exigen a las administraciones que actúen. El regidor alega que no se ha podido proceder antes porque el Concello de Oia ha tenido que trasladar el asunto a Medio Ambiente y además carece de Policía Local. No obstante la Subdelegación del Gobierno puso en 2007 a su disposición a la Guardia Civil para ejecutar el cierre forzoso. Rodríguez quiere "ter todos os informes técnicos atados para precintar" y espera a que el aparejador municipal regrese de sus vacaciones para hacerlo.