El día 6 de mayo, como otros 683.626 ciudadanos de este país llamado España, afectados por la estafa del grupo Volkswagen-Audi, he recibido una atenta carta de la Dirección General de Tráfico, en la que en su último párrafo dice: "Desde la Dirección General de Tráfico consideramos que debe usted realizar la medida de servicio a la que se refiere el comunicado adjunto". El comunicado adjunto es otra atenta carta del grupo Volkswagen, en la que nos invita a concertar una cita con el servicio oficial, para realizar una intervención en el vehículo que solvente la incidencia detectada, o sea la estafa de haberte vendido un vehículo ilegal, y afirmando que la autoridad homologadora competente ha verificado el alcance de la medida de servicio y ha certificado que, tras su aplicación, su vehículo es conforme con los valores homologados. Afirmación no probada, además de no garantizar que tras la intervención el vehículo, mantenga las prestaciones y el consumo del modelo comprado.
En Estados Unidos, la justicia y el gobierno se han encargado de defender a sus ciudadanos estafados, obligando a Volkswagen, bien a recomprar el vehículo o a repararlo con una indemnización a mayores de 5.000 dólares. En España, el Gobierno no solo se ha puesto de perfil al principio, si no que ahora se pone al lado de la empresa, como el primo de Zumosol, para intimidar a los ciudadanos estafados poco informados.
Me pregunto cuánto nos ha costado a todos los españoles este envío de las 683.626 cartas, a precio de tarifa unos 307.000 euros, para amedrentar a la gente acompañando a la comunicación de Volkswagen en sobre de la Dirección General de Tráfico.
Lamentable, qué pena de país.
