Al presunto narco amigo de un arquitecto municipal de Alicante y a su pareja les tocó la Lotería cinco veces en tres años

La compra de décimos premiados de la Lotería Nacional fue una de las vías que, según la Policía Nacional, usó para blanquear dinero del narcotráfico el presunto jefe de la red de tráfico de marihuana desmantelada recientemente en Alicante, operación en la que fue detenido también por cohecho y tráfico de influencias un arquitecto municipal del Ayuntamiento alicantino. La investigación policial ha desvelado que el considerado cabecilla de la trama, Rafael G.M., resultó agraciado en cuatro sorteos en tres años e ingresó 226.048 euros netos por seis décimos premiados. Su pareja, con una suerte similar, cobró 132.000 euros por once décimos premiados en otro sorteo.

Para la Policía Nacional no hay duda de que el presunto narco amigo del arquitecto municipal optó por este mecanismo de blanqueo de capitales, ya que considera remotas las posibilidades estadísticas de obtener tantos premios en tan breve espacio de tiempo. Así, en 2020 resultó agraciado con 20.000 euros de un décimo del sorteo de Navidad vendido en Granada; en enero de 2022 el premio fue de 6.000 euros con un décimo vendido en Rojales; de un sorteo del 23 de abril de 2022 cobró 56.000 euros de otro premio y el décimo procedía de Lorca; el cuarto sorteo donde resultó agraciado fue el del pasado 22 de diciembre, del que tenía tres décimos de Biar premiados con 50.000 euros cada uno, 48.016 euros por boleto descontando la retención de Hacienda.

Tras estos cuatro sorteos, la suerte pasó el pasado mes a la pareja de Rafael G., quien figura como beneficiaria de 11 décimos de Novelda premiados el pasado 4 de febrero con 12.000 euros cada uno, lo que arroja un total de 132.000 euros.

Operativa de blanqueo

Además de las remotas posibilidades de obtener tantos premios, la Policía recoge en un informe otros factores que apuntan a que se trata de una operativa de blanqueo, como la dispersión geográfica de los premios -Granada, Rojales, Lorca, Novelda y Biar- y la demora en el cobro de los décimos premiados, con una media de más de quince días desde el sorteo, lo que a juicio de los investigadores va en contra de «la lógica inmediatez y aseguramiento del cobro del agraciado por este tipo de sorteos».

La Policía Nacional resalta además la disparidad de entidades bancarias en las que abona el premio -solo repite una- y además hay dos conversaciones telefónicas intervenidas que les delatan. Una de ellas fue el mismo día del último sorteo de Navidad y en ella Rafael y su pareja lamentan no haber sido agraciados con ningún premio. Sin embargo, unos días más tarde Rafael habla con otra persona y le dice que tiene unos décimos agraciados con el tercer premio.

Este hecho, señala la Policía en uno de sus informes, reforzaría la hipótesis de que Rafael estaría comprando décimos premiados con dinero obtenido a través de actividades ilícitas para poder darle una apariencia legal.

La pareja habría recibido 358.048 euros netos por los décimos premiados, pero la Policía señala en su informe que no es la única vía del presunto blanqueo del jefe de la trama. La Policía señala que Rafael ha tenido un importante incremento patrimonial desde 2020 pese a su escasa actividad laboral y le vincula con la adquisición de siete inmuebles en los que habría invertido más de un millón de euros.

Junto a la compra de décimos premiados, la investigación policial señala otros medios para canalizar fondos procedentes del tráfico de drogas, entre ellos los ingresos en efectivo en productos bancarios, préstamos o donaciones de familiares a los que previamente habría inyectado fondos de origen ilícito, el uso de testaferros para ocultar su patrimonio real y la solicitud de préstamos bancarios que serían financiados con aportaciones en efectivo de los beneficios del tráfico de estupefacientes.

Dos de las inversiones inmobiliarias que la Policía pone bajo sospecha son un inmueble en la calle Maldonado y otro que compró en la calle Cardenal Belluga, en el que había tres propietarios, uno de ellos el Ayuntamiento. El primero está a nombre de un amigo de Rafael que la Policía considera un testaferro y sobre estas dos propiedades se han solicitado los expedientes urbanísticos al Ayuntamiento para aclarar el presunto cohecho y tráfico de influencias atribuido al arquitecto municipal detenido en la operación.

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