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Un fraude sustentado en un negocio ficticio con el gobierno del país africano

Condenados cuatro empresarios en Vigo por una falsa venta de paneles solares a Angola

La magistrada impone la mayor pena, dos años y medio de prisión, a los dos acusados que organizaron esta trama con facturas falsas - Deben devolver un millón de euros a Hacienda

Condenados cuatro empresarios en Vigo por una falsa venta de paneles solares a Angola

Condenados cuatro empresarios en Vigo por una falsa venta de paneles solares a Angola

Un fraude fiscal con facturas falsas que tenía como tapadera una millonaria venta de paneles solares al Gobierno de Angola. A grandes rasgos, este fue el ambicioso envoltorio que armó una empresa viguesa en torno a lo que no resultó ser más que un negocio falso para dar cobertura al "entramado defraudatorio". Estos hechos ocurridos hace ya más de una década protagonizan ahora una sentencia. La que ha dictado el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo, que condena a cuatro empresarios por este caso. La jueza impone dos años y medio de prisión y multa de 1.100.000 euros a los dos principales acusados, los que "organizaron" la trama. Y dos más que cooperaron son sentenciados en un caso a cuatro meses y medio de cárcel y multa de 720 euros -se le aplicó una atenuante por reconocer los hechos- y, en el otro, a 22 meses de prisión y 1.620 euros de sanción económica. Un quinto encausado fue absuelto. Los condenados, además, deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con algo más de un millón de euros, que es la cuantía que fue defraudada a la Agencia Tributaria en el impuesto de sociedades de 2008.

La sentencia es por un delito contra la Hacienda Pública de especial gravedad y otro continuado de falsedad documental. Los hechos se remontan a 2008. Según ve probado la magistrada, todo surgió cuando Germán Diego M.S., al menos entonces administrador y socio único de Dalpex Trading S.L., se concertó con Ramiro G.R. en un plan en virtud del cual esta empresa viguesa recibió una transferencia de 5,9 millones de dólares, equivalentes a 3,7 millones de euros, desde una cuenta del Banco Espiritu Santo en el Reino Unido de titularidad del Tesoro Nacional de Angola. El movimiento de dinero aparecía "formalmente amparado" como un anticipo por un supuesto negocio de venta de paneles solares al gobierno del país africano, "en virtud de un contrato firmado en Vigo" el mes anterior. Pero ese negocio, se concluye en la resolución, no era real.

La jueza concreta que para justificar la transferencia y "aparentar un actividad comercial que le diera cobertura", el administrador de la empresa viguesa, "en colaboración" con Ramiro G.R., "emitió y recibió" a nombre de la sociedad "facturas ficticias" relacionadas, la mayoría con esa ficticia venta de paneles solares. Los recibos procedían de otras empresas y entre ellas había una que hacía referencia a un supuesto proyecto integral de instalación de una máquina de energía solar fotovoltaica y otras de paneles solares.

La millonaria transferencia que recibió la empresa viguesa supuso "un incremento patrimonial no justificado" que debió de haber sido recogido en el impuesto de sociedades y que habría originado una cuota de 1.040.469 euros, que es la cantidad que se defraudó a Hacienda. Los informes de la Agencia Tributaria y el testimonio de un perito de esta entidad, junto a la declaración incriminatoria de un acusado que colaboró con las facturas falsas, suponen la prueba de cargo clave para esta condena.

Transferencia "sospechosa"

La sentencia no aclara uno de los misterios del caso, la recepción del dinero procedente de Angola en la cuenta de la sociedad viguesa. La magistrada la califica de "insólita y sospechosa", pero aclara que aquí no se enjuicia "el origen y procedencia" de esa cuantía millonaria, sino el fraude fiscal. Y en relación con ello, la jueza no tiene dudas de que no hubo ningún negocio de paneles solares. Fue "inexistente". No resulta creíble, concluye, que el Gobierno de Angola suscribiese un contrato con una empresa "sin experiencia en el sector", "sin solvencia" y "sin infraestructura mínima". La instrucción del caso obligó a pedir cooperación internacional a Angola. La sentencia no es firme.

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