El Juzgado de Instrucción 9 de Málaga ha rechazado todas las pruebas solicitadas por la defensa del dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde está el pozo en el que murió el pequeño Julen el pasado 13 de enero, que había presentado un informe que hacía presumir que el niño de dos años pudo morir durante las labores de rescate. La jueza considera que dichas pruebas "no se consideran pertinentes en este estado del procedimiento a fines de la investigación".
La defensa del dueño de la finca, David Serrano, presentó la semana pasada ante el juzgado un informe cuyas conclusiones apuntaban a que la muerte de Julen "se pudo producir durante las labores de rescate" y que el uso de una piqueta en las primeras horas de dichas tareas explicaría las heridas que presentaba el niño. Debido a dichas conclusiones solicitó al juzgado una serie de diligencias, entre ellas que declarara el jefe de Bomberos, miembros del equipo de rescate y los agentes que llevaron a cabo la extracción del cuerpo de Julen.
La instructora rechaza esas peticiones porque actualmente está pendiente de la práctica de otras diligencias que se consideran "esenciales en los presentes autos" y reprocha a la defensa que "obvie" que todavía tan solo hay un informe preliminar de autopsia. La defensa también había solicitado que se llevara a cabo por el departamento correspondiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil un estudio morfológico de la composición de las muestras de tierra recogidas en la parte superior del pequeño tras su extracción, y la jueza tampoco lo considera pertinente.
Por su parte los padres de Julen han presentado cuatro denuncias por comentarios ofensivos y en tono de burla sobre la muerte del pequeño en las redes sociales en la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Málaga y una de ellas ya está judicializada. Inicialmente le correspondió al Juzgado de Instrucción 10 de Málaga, que se inhibió en favor de los Juzgados de Madrid porque los mensajes supuestamente se difundieron desde allí, según han informado fuentes judiciales.
Los supuestos responsables de estos comentarios ofensivos están identificados y son tres usuarios de redes sociales y un medio en Internet, denunciado por una información falsa.
Los denunciados se enfrentan al delito 173 del Código Penal en el que se dice que el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
