Tres empleados de una gasolinera de Vigo compartieron ayer banquillo en el Juzgado de Penal 2 de Vigo acusados de un delito de estafa con más de 200 perjudicados. El Ministerio Fiscal sostiene que se pusieron de acuerdo en los turnos de trabajo que compartían e idearon un sistema para defraudar a los clientes que acudían a repostar combustible, suministrando menos cantidades del que en realidad cobraban, lucrándose ilícitamente con ello. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 2 años y cinco meses de prisión, mientras que las defensas solicitaron su absolución ya que los tres acusados negaron los hechos.
Una usuaria de la gasolinera fue quien se dio cuenta de lo que sucedía y en marzo de 2015 presentó una reclamación. Los responsables de la gasolinera comprobaron entonces numerosos vídeos y presentaron la correspondiente denuncia. Curiosamente los tres empleados siguen trabajando en la estación de servicio porque, según manifestó su copropietario ayer en la vista oral "creíamos que no podíamos echarlos hasta que hubiera sentencia contra ellos".
El Ministerio Público sostiene que a la hora de ir a suministrar el combustible, aprovechando el momento en el que los clientes se desplazaban a la zona de caja para pagar con sus tarjetas o, simplemente no estaban atentos, colgaban la manguera del surtidor poco antes de finalizar el repostaje, sirviendo así menos cantidad de carburante que el solicitado por el cliente. Inmediatamente anotaban en el surtidor la cantidad solicitada por el cliente o bien lo dejaban a cero, con lo que las víctimas al regresar no sospechaban nada.
Una vez que concluía su turno de trabajo, siempre según la acusación, al contabilizar el dinero recaudado en metálico y el procedente de pagos con tarjetas, los acusados emitían la correspondiente factura de caja por la cantad necesarias para cuadrar el arqueo, quedándose con el excedente de caja fruto de su defraudación, por lo que su estafa ni era detectada por el gerente ni por los propietarios de la gasolinera.
Con este sistema "defraudaron asiduamente pequeñas cantidades a múltiples usuarios de la gasolinera, ignorándose desde qué fecha comenzó su ilícita actividad", asegura el fiscal, quien indica que sí pudieron contrastarse con la lectura de los surtidores datos registrados de la TPV y grabaciones que se guardan en los archivos de la gasolinera "los repostajes fraudulentos correspondientes a la primera quincena del mes de julio de 2014, enero, febrero y marzo de 2015, ascendiendo a un total de 206 perjudicados y lucrándose ilícitamente de 827,15 euros".
Los tres acusados negaron su participación en la estafa y dos de ellos, que solían estar en la zona de caja, sostuvieron que no realizaron ningún cobro indebido, sino la cantidad que les decía su compañero que era quien estaba en el surtidor, y se fiaban de él por lo que no miraban lo que marcaba el ordenador.
Una versión que la acusación no comparte. "Se han demostrado los cobros indebidos y los acusado dicen no saber por qué. Se ha demostrado que no hubo averías, y con sus propias declaraciones hoy aquí me han dejado claro que uno solo no podría hacerlo. Es imposible que no tuvieran conocimiento o hubieran actuado de modo omisivo", concluyó el fiscal quien aseveró que "nunca sabremos en realidad el número de afectados porque muchos perjudicados no se han identificado".
El letrado de los dos empleados de caja atribuyó cualquier responsabilidad al encargado del surtidor, cuya defensa apeló a la Ley de Protección de Datos y el derecho a la intimidad para desvirtuar las grabaciones.
Por el estrado pasaron como testigos algunos afectados, así como varios compañeros de los acusados que vivieron momentos muy duros al declarar. "Es que verlos ahí sentados..." explicaba tras terminar su interrogatorio uno de los testigos al borde del colapso. El caso quedó visto para sentencia a última hora de la mañana.
