Tras cinco sesiones, el juicio por el caso del ciclista que quedó parapléjico en septiembre de 2014 al impactar contra una gran piedra colocada supuestamente a modo de obstáculo en un sendero del Monte Alba de Vigo quedó visto para sentencia. La Fiscalía no varió un ápice su acusación y mantiene su petición de dos años y medio de prisión para los cuatro acusados al estimar que su implicación es "clara". Son el que entonces era vicepresidente segundo de la Comunidad de Montes de Valladares, José C.A., y tres trabajadores de la entidad: el capataz Antonio V.G., el peón forestal Miguel G.V. y Raimundo P.G., que hacía trabajos en beneficio de la comunidad. Los acusa de delito de lesiones por imprudencia grave. La acusación particular, que representa al deportista, eleva la solicitud a 6 años de cárcel al estimar que el delito es doloso. La piedra, describió este abogado, fue colocada de forma "despiadada, aviesa y perversa". Las defensas demandan la libre absolución: en el monte aquel día había "más gente" y sus clientes, expusieron entre otros argumentos, ni siquiera estuvieron en aquel camino.

El fiscal lamentó toda la prueba "superflua e inútil" practicada en la vista celebrada en la Audiencia viguesa. Y centró su informe final en dos hechos, los que cree que son la clave del caso. El primero, que considera que quedó acreditado que había una "situación de conflicto" entre la Comunidad de Montes de Valladares y los ciclistas. Ello por el malestar que provocaba que pasasen los deportistas por el monte, recordando algunas de las frases presuntamente pronunciadas por José C.A.: "No os gustan las piedras, pues saltarlas si podéis".

Vinculado a este hecho, ve "clara" la implicación de los acusados, ya que entre las 17.30 y las 18.30 de aquel día, cuando se habrían puesto los obstáculos, deportistas sitúan en la zona a los tres operarios a los que presuntamente el directivo "ordenó" colocar las trampas, entre ellas la piedra que dejó parapléjico a Diego. Una forense concretó las secuelas del ciclista. Declarado en situación de "gran invalidez", dijo que precisa de la ayuda de "terceras personas" para "actividades esenciales de la vida". El fiscal pide que los imputados, con la responsabilidad civil subsidiaria de la comunidad de montes, le indemnicen con 1,2 millones de euros.

La acusación particular eleva esta cuantía a casi 1,5 millones. El letrado expuso que aquel día de septiembre la comunidad de montes adoptó la decisión de "reventar" el camino para dificultar el paso de ciclistas. La piedra del siniestro, oculta tras un salto, fue colocada de forma "estratégica". "Despiadada". "Detrás está la mano del hombre", dijo. No hay prueba directa, admitió, nadie vio a los acusados colocar la roca. Pero hay una "enorme cantidad" de indicios, concretando una decena. Otra abogada solicitó una indemnización de 127.000 euros para la esposa del ciclista.

Y las defensas piden la libre absolución. "No hay ninguna prueba contra ellos", alegó la letrada de José C.A., el único acusado que hizo uso del derecho a la última palabra. Lo hizo para retar al letrado del ciclista a que le "demostrase" alguna de las pruebas "evidentes" de que él estaba aquella jornada en el monte.

Los abogados de los acusados argumentaron que sus clientes no estuvieron ese día en aquel camino, que no existía animadversión de la comunidad con los ciclistas o que hubo una "persecución" de la Policía Local hacia los acusados. Una letrada, que señaló que el herido estaba practicando "un deporte de riesgo", pidió que se actúe por falso testimonio con respecto a dos de los ciclistas que comparecieron en el juicio.