El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) subasta dentro de una semana 30 inmuebles embargados a personas condenadas por narcotráfico o blanqueo de capitales en toda España. La mitad están en Galicia y, entre ellos, se encuentran propiedades de Laureano Oubiña Piñeiro, José Antonio Pouso Rivas, "Pelopincho", o el también arousano Guillermo Abalo Maneiro y su esposa Mercedes Iglesias Pomares.

Algunos de estos inmuebles acusan el paso del tiempo que llevan cerrados o han sufrido robos y actos vandálicos. Pero aún así aparecen como buenas oportunidades de inversión inmobiliaria, como el caso de una casa de Guillán (Vilagarcía de Arousa) embargada a Abalo Maneiro e Iglesias Pomares de casi 200 metros cuadrados y con una finca de 2.250, que podría adquirirse en una segunda subasta por apenas 80.600 euros.

El PNSD ha encargado la subasta a la Sociedad Estatal de Gestión de Patrimonio Inmobiliario (Segipsa), y un empleado de esta entidad se encuentra estos días en Galicia para mostrar los inmuebles a aquellas personas interesadas en verlos por dentro y decidir después si acuden o no a la subasta.

FARO ha podido acceder al interior de las dos casas embargadas a Guillermo Abalo y Mercedes Maneiro, condenados en su día por blanqueo de capitales a cinco años de prisión. Se da la circunstancia de que se trata precisamente de dos de los inmuebles que más están llamando la atención de los eventuales inversores. Así, el trabajador de Segipsa ha atendido a más de una decena de personas que pidieron visitarlos.

La casa de Guillán recibe al visitante con un imponente muro de piedra que impide ver el interior de la finca. Pero una vez traspasada la puerta exterior queda patente que lleva años cerrada y que los ladrones camparon a sus anchas. El jardín está cubierto de hierbajos y de objetos abandonados, y en la casa fueron arrancadas todas las ventanas, los pasamanos de las escaleras, los muebles de la cocina y hasta el portalón del garaje o la instalación eléctrica.

La imagen es la de un lugar abandonado con precipitación, con botellas de alcohol por el suelo, un andador infantil volcado detrás de la casa, o un par de sillas de playa entre una pequeña cocina exterior con asador y la piscina, llena de agua verdosa. Por dentro, hay paredes llenas de pintadas o restos de pizarra de la cubierta.

Una de las singularidades de esta propiedad es la existencia de un posible zulo que no aparecía en los planos de la edificación y al que los empleados de Segipsa ni siquiera pudieron acceder porque la única entrada es la tapa de un montacargas que no se puede bajar al no haber suministro eléctrico.

El precio de salida es de 115.200 euros, pero si no concurre nadie a esta primera subasta, el segundo tipo de licitación baja a 80.600 euros. Eso sí, se calcula que pueden hacer falta otros 40.000 euros para arreglar los desperfectos.

El chalé de Vilanova se encuentra a medio kilómetro de una de las playas de As Sinas y también destaca desde fuera por su imponente cierre. Una vez traspasado el portalón, llama la atención un frondoso jardín descuidado. También hay varias jaulas, posiblemente para perros y pájaros.

Dentro de la casa, impresiona el enorme garaje y bodega, donde se llenan de polvo un billar y un enorme botellero. Por el suelo están esparcidos docenas de troncos de madera para leña. En esta casona se encuentran múltiples detalles personales que sus antiguos moradores no recogieron.

El chalé de Vilanova tiene dos plantas (la superior es abuhardillada) y cuenta con elementos que muestran que sus antiguos propietarios no escatimaron en gastos. La casa tiene 283 metros cuadrados, y su terreno es de algo más de 1.000. El precio de salida en la primera subasta es de 159.100 euros, pero si queda desierta, las siguientes pujas empiezan en 111.400.

La subasta es el día 12 en el hotel Wellington de Madrid, y aunque es presencial también se admiten ofertas por escrito.

Laureano Oubiña

De Laureano Oubiña se subasta su finca urbanizable de Sanxenxo, pero no así la casona de A Laxe. Sobre esto, el Plan sobre Drogas aclara que se baraja cederlo a otra administración pública, para que esta a su vez la dedique a usos "que comporten un beneficio social, ya sea en el marco de la lucha contra el narcotráfico o en relación a programas de prevención, asistencia o reinserción".