Una breve vista en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo que acabó con un acuerdo de conformidad. Una empresaria del ramo de la construcción aceptó ayer una condena por exponer a operarios suyos al amianto sin informarles de que estaban trabajando con este material tóxico que puede afectar gravemente a la salud. La mujer no adoptó medidas preventivas, ya que a los obreros no se les había suministrado mono de trabajo, mascarilla o guantes ni tampoco se había instalado en la obra ni cabina de descontaminación ni medida alguna de protección colectiva. La Fiscalía acusaba en su escrito de calificación provisional de delito contra los derechos de los trabajadores y de falsedad en documento mercantil.
La acusada, M.M.P.T., era en noviembre de 2010, cuando se descubrieron estos hechos, administradora de Soluciones Integrales Pavisan S.L. La obra en cuestión que dio lugar a este juicio fue una para la que la empresa fue contratada por la comunidad de vecinos de un edificio de la calle Gregorio Espino de Vigo. Los trabajos consistían en la retirada de placas de fibrocemento de la cubierta del inmueble -entre cuyos materiales se encuentra el amianto- y la posterior colocación de otras placas tipo sándwich. En el lugar trabajaban cuatro operarios que, según expone el fiscal en su escrito, "no habían recibido formación ni información en materia de trabajos con elementos tóxicos como el amianto".
Fue concretamente el 24 de noviembre de ese 2010 cuando se descubrió que los obreros retiraban las placas de fibrocemento, siendo dirigidos personalmente por la acusada, "sin que se les hubiera suministrado mono de trabajo, mascarilla ni guantes", afirma el Ministerio Público, "y sin que se hubiera instalado cabina de descontaminación ni medidas de protección colectiva" en el lugar donde se apilaban las placas "rotas". Éstas, se añade en el escrito, estaban "sin embalaje, sin protección y sin señalización de toxicidad". "En la cubierta había línea de vida, pero no existía red perimetral y no se usaban arneses, que estaban apilados en un rincón.
El fiscal añade que la empresaria no registró su sociedad en el registro de empresas con riesgo de amianto, no encargó el preceptivo plan de trabajo y tampoco tenía suscrito contrato con ningún servicio de prevención -tras rescindir el que tenía por impago a la empresa de riesgos laborales con la que trabajaba-. Al respecto del amianto, el fiscal recuerda que una de las aplicaciones comercializadas de este conjunto de de minerales metamórficos fibrosos es precisamente el fibrocemento -utilizado en la uralita-, que es el material de las placas con las que trabajaban los obreros. "Se ha demostrado que la exposición al amianto produce graves riesgos para la salud, afectando principalmente a los pulmones y a la pleura en forma de inflamación fibrótica y cáncer", señala en su calificación, añadiendo que este fue el motivo por el que se determinó la prohibición de fabricación y comercialización del fibrocemento hace ya casi trece años.
La Fiscalía también imputaba a la empresaria por la presunta falsificación de certificaciones de formación laboral y de certificados de reconocimientos médicos de aptitud de sus trabajadores, que presentaba como reales.
