La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra tumbó ayer, de forma definitiva, la pretensión de la familia de Sonia Iglesias para que se pudieran buscar posibles restos de la desaparecida utilizando un georradar en el Monte Castrove.
Lo hizo mediante la emisión de un auto, fechado el 23 de mayo pero que se hizo público ayer, mediante el cual los magistrados de la Audiencia desestiman el recurso presentado por la familia de la pontevedresa desaparecida en 2010. Los padres y la hermana de Sonia recurrían contra la decisión del juzgado de instrucción que rechazaba el uso del georradar al considerar que no iba a aportar datos sustanciales para resolver el misterio en torno al paradero de Sonia.
La Audiencia Provincial da la razón a la jueza de instrucción al rechazar esta prueba. Señala que "no obstante comprender el Tribunal la angustia de la familia, no encontramos motivo o razón alguna que nos permita concluir que la resolución denegatoria de la instructora carezca de fundamento" y señala que el derecho a la prueba "no tiene carácter ilimitado y, por ello, el juzgador no tiene la obligación de admitir todos los medios propuestos por las partes". La propia Fiscalía también se había opuesto a la práctica de esta prueba. Distintas fuentes explicaron que el uso de un georradar se antojaba bastante complicado en una zona tan extensa y abrupta como es el Monte Castrove y sin que se pudiera acotar un área concreta para realizar la búsqueda.
La elección del Monte Castrove como zona para realizar estas prospecciones con el georradar (un radar de penetración terrestre para la detección de restos humanos) viene dada por el hecho de que el teléfono del único imputado hasta ahora, Julio Araújo, repitió el día de la desaparición poco después de las tres de la tarde en la antena de este enclave. Una zona la que él asegura que no estuvo ese día, sino que esa hora acudía a reunirse con la familia de Sonia Iglesias a Monte Porreiro.
El auto de la Audiencia también rechaza la pretensión de la familia de que acudieran a declarar ante el juzgado dos policías nacionales que participaron en la investigación de la desaparición de Sonia, una prueba que la jueza negó al entender que la intervención policial ya estaba suficientemente detallada en los autos. Rechazada esta solicitud de prueba, las últimas diligencias practicadas en relación al caso Sonia fueron las declaraciones de varios testigos y del propio imputado el pasado mes de diciembre. Ahora habrá que esperar a ver si las partes deciden solicitar la práctica de alguna nueva prueba o si el juzgado toma algún tipo de decisión con respecto a la petición de desimputación formulada por la defensa de Julio Araújo.
