Al estar dada de baja, Rosario tuvo que cursar una petición de habilitación al Colegio de Abogados de Santiago para ejercer la codefensa en el proceso en el que está imputada, junto a Basterra, por presunto delito de asesinato por la muerte de su hija Asunta. Una posibilidad que recoge el Estatuto General de la Abogacía Española en su artículo 17.5. "No se necesitará incorporación a un colegio para la defensa de asuntos propios o de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado reúna los requisitos", reza el texto. Y Porto los cumplía: "tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE (...)", "ser mayor de edad y no estar incursa en causa de incapacidad" y, por último, poseer el título de licenciado en Derecho.

En el Colegio de Abogados de Vigo, al amparo de este artículo, hubo 11 solicitudes de habilitación en 2013, otras 4 en 2012 y 8 en 2011. "Son sobre todo licenciados que no son colegiados o colegiados no ejercientes", explican sobre estas peticiones.