El juicio contra la mayor red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico desarticulada en Vigo, supuestamente liderada por Juan Carlos González Martín, Culebra, se ha topado con un nuevo -e importante- escollo. Tras una compleja instrucción que arrancó en 2006 y que se vio dilatada en su último tramo por la presentación de sucesivos recursos, este verano la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, recibía la causa para celebrar la vista oral contra los 13 acusados. Todo apuntaba a que sería inminente. Pero la recusación de los tres magistrados de este tribunal por parte de uno de los abogados defensores -al estimar que procesalmente hablando la sala está contaminada de cara al enjuiciamiento ya que resolvieron tres recursos en uno de los cuales llegaron a valorar pruebas incriminatorias- retrasará este ya eterno proceso una vez más. La Fiscalía se adhirió a la petición del letrado y los propios jueces aludidos acaban de admitir la recusación. A la espera de un pronunciamiento final de la Audiencia pontevedresa, siete años después de iniciadas las investigaciones el juicio sigue sin fecha... y todo apunta a que habrá que nombrar otra sala para celebrarlo.

La petición de recusación era formulada el pasado julio por Guillermo Presa, abogado defensor del constructor Carlos R.A., uno de los acusados en esta trama de blanqueo. Lo hizo cuando el caso ya estaba en la Sección Quinta solo pendiente de juicio. En su escrito, este letrado vigués argumentó que los tres magistrados de esta sala no pueden juzgar el asunto porque, de forma previa, ya resolvieron hasta tres recursos de apelación contra el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, concretando que en el último de ellos los jueces entraron a "valorar elementos probatorios, lo que originó un contacto directo con el objeto del proceso" y lo que supone, argumenta, "una toma de postura sobre los hechos imputados a mi representado".

A esta alegación del abogado en aras de asegurar desde el punto de vista jurídico la imparcialidad en el futuro juicio siguió un informe del fiscal antidroga de Pontevedra respaldando esta petición. Y los tres magistrados de la Sección Quinta que resolvieron esos recursos previos a la vista oral han aceptado su recusación. El tribunal, en un escrito del pasado 14 de octubre, asume que no puede enjuiciar el caso porque analizaron "datos fácticos" y se realizó "una valoración de los mismos", para añadir que por esta razón "la prudente conclusión que se impone en aras a preservar la imparcialidad objetiva en el presente procedimiento es admitir la recusación propuesta".

A la espera de que la Audiencia de Pontevedra diga la última palabra sobre este asunto y dictamine qué sala o magistrados serán los competentes para juzgar la causa -las otras dos secciones penales de la provincia se encuentran en Pontevedra-, la vista oral contra el Culebra aún tendrá que esperar. Él, su esposa, tres de sus hijos y otros ocho acusados se enfrentan a penas que suponen en total 65 años de prisión, el pago de multas cuyo global suma 173 millones de euros y el comiso del millonario patrimonio incautado en el operativo.