Los dueños de un geriátrico de Outes -una mujer, su marido y su hijo- se sentarán la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de A Coruña acusados de desvalijar a cinco de sus clientes que padecían "alteraciones de sus funciones cerebrales". Dos de las víctimas, según indica el fiscal, no sabían leer ni escribir.
La Fiscalía los acusa de cometer un delito continuado de estafa y pide para cada uno de ellos cuatro años y nueve meses de cárcel y una multa de 5.400 euros. El representante del Ministerio Público, además, reclama que indemnicen a las víctimas o, en dos de los casos, a sus herederos, con un total de 340.000 euros y que se declare la nulidad de los actos y negocios jurídicos a través de los que los imputados transmitieron la titularidad de los bienes inmuebles, que incluyen viviendas y parcelas rústicas, que presuntamente obtuvieron de forma ilícita. La Audiencia decretó en mayo de 2009 la prohibición de que los acusados realizasen cualquier negocio jurídico con los residentes en los geriátricos. La medida continúa vigente
