"Llegamos a no salir a la calle, los niños tampoco salían?, hubo una temporada en la que incluso no fueron al colegio". Así se expresaba ayer en el juicio celebrado en el juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra una empresaria de Poio que acusa al hermano del narcotraficante Laureano Oubiña, Francisco Javier Oubiña de Piñeiro, a su exmujer y a un empleado de éstos de extorsionarles y coaccionarles con amenazas para lograr el pago de una supuesta deuda por la quiebra de una empresa de pescado congelado de Cambados (Cercomar) de la que la denunciante había sido socia junto con la entonces esposa de Javier Oubiña. Según el escrito de acusación del fiscal, que pide un año de prisión por coacciones para cada procesado, estos habrían realizado múltiples llamadas telefónicas intimidatorias a negocios de la familia de la víctima. También les habrían amenazado con "matar a diez personas por cada denuncia que pusieran" o con "meter un coche bomba contra la empresa".

La víctima no solo puso en duda la supuesta deuda que le reclaman los acusados, ya que nunca le dejaron acceder a las cuentas de la empresa, si no que asegura que ella y su marido llegaron a reconocer parte de la misma (concretamente 480.000 euros) como consecuencia de las fuertes presiones a las que fueron sometidos por los acusados. En una reunión en la que dicen que Javier Oubiña se mostró "agresivo" entregaron 150.000 euros que "no habríamos pagado de no ser por esa actitud".

A continuación dice que vinieron los seguimientos y el acoso por parte del tercero de los acusados, José Ezequiel Vizcaya, de tal forma que el matrimonio incluso se tuvo que marchar de su domicilio en Pontevedra y regresar al familiar en Combarro. Una vivienda en cuyo exterior aparecieron más tarde dos coronas de flores funerarias ya mustias. La víctima asegura que los acusados les amenazaron diciendo que sabían dónde iban al colegio sus hijos y que iban a empapelar los puertos de Galicia con una foto suya en la que se podría leer "puferos". Así ocurrió, más tarde, llegando a aparecer uno de estos carteles en el colegio de uno de los hijos del matrimonio. Esta empresaria de Poio asegura que las presiones por parte de los acusados llegaron incluso hasta su madre, pese a no tener ninguna vinculación con la empresa en litigio.

Francisco Javier Oubiña negó que presionase a los exsocios de su entonces mujer para que pagasen la deuda de Cercomar. "Yo no amenacé a nadie ni es verdad lo que dicen, eso son películas que se montan ellos", aseguró. También negó que le dijese en tono intimidatorio que sabía a qué colegio iban los hijos del matrimonio: "es absurdo que amenazase a unos niños, la verdad no sé que hago aquí", explicó. La entonces esposa de Javier Oubiña, Mercedes Pacheco, se mostró muy contrariada por tener que sentarse en el banquillo de los acusados ya que es ella quien se siente una víctima en todo este proceso. Asegura que la supuesta deuda que le dejó este matrimonio en Cercomar le ha dejado "casi sin nada". Reconoce que contrató "verbalmente" a Ezequiel Vizcaya para que reclamase a los acusados este dinero pero que nunca le ordenó que imprimiese los carteles con sus fotos o que utilizase amenazas. Reconoció, sin embargo, que en una ocasión acudió con un megáfono a la casa familiar de S. M. en Combarro para reclamarle el pago de la deuda, pero que nunca la insultó ni amenazó. El tercer acusado también reconoce que paseó con un coche y un remolque con una foto de los acusados con el texto "se busca a estos puferos" por el muelle de Combarro, sin que ni Oubiña ni su mujer tuvieran conocimiento de ello. Asegura que, pese a ello, nunca utilizó las amenazas para intentar cobrar esta deuda. Los acusados se negaron a responder a las preguntas de los letrados de la acusación particular.