Acuerdo con la Fiscalía Antidroga en los hechos pero no en las condenas. Los seis procesados por el narcosubmarino que apareció abandonado con los motores en marcha y cargado de combustible en la ría de Vigo en agosto de 2006, acusados de un delito de tráfico de drogas en grado de tentativa, admitieron ayer los hechos y su participación en la trama en la primera jornada del juicio que comenzó en la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo. El piloto del sumergible, Juan Carlos González Filloy, en rebeldía, será juzgado aparte si es detenido, al igual que el presunto representante del cártel colombiano Ángel David Ríos Vargas, que también se encuentra huido de la Justicia.

El reconocimiento de los hechos es el primer paso para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Antidroga que permita reducir las condenas solicitadas inicialmente. Fijadas en el escrito provisional del Ministerio Público entre 10 y 13,5 años para cada uno de los acusados –las más altas para tres reincidentes–, con la aplicación del nuevo Código Penal y el pacto pasarían en las conclusiones definitivas a ser de entre 2 y 3,5 años. La batalla jurídica de las defensas pasa por demostrar que no constituían un grupo organizado, ya que no estaban jerarquizados, y lograr así una reducción todavía mayor para que las condenas no superen los 2 años en ningún caso, lo que garantizaría que ninguno ingrese en prisión.

Así, el gondomareño Manuel Clemente Grova confesó ser el constructor material del artesanal submarino en un galpón próximo a su casa y comprador del velero "Nadir III" –atracado en el Puerto de Baiona–, aunque se puso a nombre de Juan Manuel González Rodríguez, un mecánico de Arbo que admitió ser responsable de su puesta a punto para dar cobertura a la singladura del sumergible.

Jesús Iglesias realizó las labores de contravigilancia en el transporte por tierra del sumergible. Francisco Omil Nazara, viejo conocido de las fuerzas de seguridad que actualmente se encuentra en prisión provisional por otro operativo antidroga y que ya cumplió otras dos condenas, una de ellas por su participación en la Operación Nécora, admitió ser el enlace con el cártel colombiano y haber mantenido reuniones con varios sudamericanos con documentación venezolana.

Los supuestos financieros de la trama, el sevillano Tomás Bengoechea Armendáriz, que salió de prisión en 2003 tras cumplir otra condena, y el vecino de Estepona Juan Serrano Fernández, asumieron su papel. Si bien, declararon que el dinero que entregaron tanto para la construcción del narcosubmarino como a los venezolanos que les reclamaron la devolución de la cantidad adelantada tras frustrarse la descarga no era suyo.