Una operación que se desinfla con el paso del tiempo. La gran redada contra una organización que introducía tabaco de contrabando por el Puerto de Vigo, atribuida a un guardia civil y en la que fueron detenidos otros diez agentes además de varios transportistas, marineros y empresarios de Canarias, no cumplirá las expectativas que en su día despertó. Al archivo de las diligencias contra 9 de los agentes imputados al no poder probarse que el valor del tabaco manejado superara los 6.000 euros, que diferencian la sanción administrativa del delito, se suma ahora la demora en la celebración del juicio. Unas dilaciones indebidas que permitirían eludir el ingreso en prisión de los cinco procesados que finalmente se sentarán en el banquillo.
Más de cuatro años después de la operación desarrollada en el puerto vigués, la instrucción de la causa está finalizada pero todavía no se ha señalado fecha para el juicio. Los procesados, acusados de introducir por la dársena viguesa al menos un contenedor con setenta cajas de cigarrillos procedentes de Canarias sin los preceptivos trámites aduaneros, se enfrentan a penas que suman 15 años de prisión, multa de casi 3 millones de euros e inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante el tiempo que dure la condena.
La Fiscalía ha presentado dos propuestas alternativas, en base al que el tabaco se considere género estancado o bien comercio ilícito. En este último caso reduce la petición de penas a poco más de un año para cada uno, con lo que en ningún caso ingresarían en prisión.
El guardia civil Eduardo C.F. –considerado cabecilla de la red y al que se aplica la agravante de prevalecerse de su carácter de funcionario público– y el estibador jubilado A.M.G. se enfrentan a las penas más altas. Tres años de prisión, que se rebajan a un año y 4 meses en la alternativa más favorable, y multa de 614.124 euros para cada uno.
El Ministerio Público solicita dos años y 8 meses de prisión, o un año y dos meses como alternativa para P.A.M., gestor de una empresa canaria y proveedor de tabaco. La multa, en este caso, se eleva a 460.593 euros. El transportista vigués J.R.G. y J.M.M. se enfrentan a 3 años y 6 meses de prisión, o un año y un mes como alternativa, en función del delito que se considere probado finalmente. La multa solicitada para cada uno es de 383.827 euros.
En el escrito de acusación el fiscal sostiene que el guardia civil y el jubilado "se concertaron con la intención de obtener un beneficio económico, al menos desde agosto de 2006, para transportar tabaco desde Canarias y, valiéndose de las relaciones laborales de ambos con el Puerto de Vigo, conseguir su disponibilidad sin despacharlos en Aduanas y pagar los correspondientes impuestos. Así, el Ministerio Público sostiene que "contactaban con empresas provisionistas de buques en Canarias" y se valían de marineros de mercantes que cubrían la ruta al Puerto de Vigo, de donde sacaban el tabaco mediante empresas provisionistas locales o en vehículos alquilados, consiguiendo que no fuesen controlados por agentes de la Guardia Civil.
Las defensas reclaman la absolución de todos los acusados. Coinciden en la existencia de dilaciones indebidas y en que no existió delito alguno, sino mera tentativa ya que el tabaco intervenido no llegó a comercializarse al ser decomisado por la Guardia Civil. Algunos letrados rechazan que sus defendidos sean autores de delito alguno, y sostienen que como mucho serían cómplices, mientras que otros reclaman la nulidad de las escuchas telefónicas que llevó a su detención.
