El juicio contra la pareja viguesa acusada de abusar sexualmente durante una década de la hija del hombre, que al parecer tenía su custodia, quedó ayer visto para sentencia con importantes modificaciones en las peticiones de prisión que realizaba la Fiscalía. Si inicialmente demandaba penas que entre los dos sumaban 96 años de cárcel –48 para cada uno–, ahora ha rebajado 38 años esta solicitud total: tras el cambio, el padre de la supuesta víctima se enfrenta a 34 años de prisión y para la madrastra se piden 24. La razón es que el ministerio público ha englobado en uno solo los dos delitos de abusos sexuales continuados que solicitaba en un primer momento y, en el caso concreto de la mujer, se le habría retirado también el delito de tenencia y distribución de pornografía infantil por Internet que se le sigue imputando a su compañero sentimental. La acusación que se mantiene sin cambios para ambos es la de fabricación de pornografía infantil por realizar presuntamente fotografías a la menor.
Tras la primera jornada de juicio, en la que testificaron acusados, víctima, familiares y los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación, ayer fue el turno de los psicólogos y forenses judiciales que realizaron los informes periciales, unas pruebas que suelen ser claves en este tipo de procesos. Los expertos declararon ante el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, aunque no trascendió el contenido de los interrogatorios.
Igual que el martes, la vista oral se desarrolló a puerta cerrada para preservar la intimidad de la joven, todavía menor de edad, que habría sido víctima de los abusos desde los tres años hasta la adolescencia, cuando estos hechos salieron a la luz. Concretamente, todo se descubrió el pasado año a raíz de la denuncia presentada por la joven: desde entonces ambos imputados permanecen en prisión provisional en el centro penitenciario de A Lama.
Indemnización
Al margen de las peticiones de prisión, en la jornada de ayer trascendió que la Fiscalía también solicita que se inhabilite a la pareja para ejercer la patria potestad. Además, el ministerio público demanda que ambos indemnicen a la ahora adolescente con una cantidad que asciende a 100.000 euros por los daños morales causados como consecuencia de los presuntos abusos sexuales.
Tanto el fiscal como los abogados defensores, que pedían la libre absolución, expusieron sus informes finales tras escuchar a los peritos y antes de que el juicio se diese por concluido a la espera de sentencia.
