Un marinense se encuentra entre las cinco personas condenadas recientemente por la Audiencia Nacional a una pena de un año y 11 meses de prisión, así como al pago de una multa de 3.600 euros como autores de un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documento mercantil.

Esta persona, junto con cuatro madrileños, diseñó una trama compuesta por diversas sociedades mercantiles constituidas para captar capital de pequeños inversores bajo “falsas promesas de gestión de dichos fondos en el mercado de valores extranjero a cambio de la obtención de rentabilidades muy elevadas a corto plazo”, dice el fallo. Al menos 113 personas no pudieron recuperar en todo o en parte el capital invertido, que se calcula de “unos tres millones de euros”. Al final se les manifestaba que el dinero no podría serles devuelto dado que la inversión no había fructificado.

Sociedades fantasma

Las sociedades fantasma operaban sin la autorización administrativa del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y los acusados carecían de titulación o habilitación profesional para operar en el campo de la gestión de inversiones en mercados de valores. Pese a ello, elaboraban documentos privados y mercantiles para dar la apariencia de que los fondos recibidos eran destinados a los fines que manifestaban a los perjudicados.

Estas sociedades que aparecían y desaparecían de la nada llegaron a contar con empleados, trabajadores que no tenían ninguna titulación en la materia ni estudios “que los capacitaran para desarrollar una labor de tal envergadura”, pero a los que se preparaba “para la venta por teléfono de forma agresiva y a través de técnicas de presión psicológica con un guión previamente elaborado de conversación”, dice la sentencia.

A lo largo de todo el proceso se personaron diferentes acusaciones particulares, pero finalmente tan sólo seis afectados presentaron escrito de acusación y de reclamación patrimonial. Así, aunque la sentencia establece que el montante total del dinero que recibieron podría ascender a tres millones de euros, las cantidades que finalmente tendrán que devolver los acusados en materia de responsabilidad civil asciende a 110.000 euros que corresponden al dinero estafado a tres de los afectados, mientras que el fallo reserva la posibilidad de que otras tres personas puedan iniciar acciones civiles..