Marcos Antonio da Silva, el joven brasileño que mató a la joven Sara Alonso el 18 de septiembre de 2004 tras una noche de copas en Vigo, va camino de cumplir la mitad de su condena, 13 años de prisión por el homicidio de la joven camarera, y aspira a disfrutar de su primer permiso penitenciario. Cumple casi todos los requisitos y su comportamiento en la prisión de A Lama es ejemplar, pero no ha hecho frente al pago de la indemnización de 60.000 euros para la madre de la víctima que fijó la Sección Quinta de la Audiencia con sede en Vigo y después ratificó el Tribunal Supremo.

Hacer frente a las indemnizaciones resulta imprescindible para poder gozar de los primeros beneficios penitenciarios, y para ello Marcos da Silva se ofreció a hacer frente a su responsabilidad económica a plazos, utilizando el salario que percibe por su trabajo dentro de prisión.

La propuesta del homicida para hacer frente a los pagos en la medida de sus posibilidades, ha sido rechazada, y le han notificado que sólo le admitirían el pago del total, 60.000 euros, en una única entrega, según explicó a FARO DE VIGO su abogado defensor, Alberto de Salazar.

"Evidentemente es pedirle imposibles, por mucha voluntad que pudiera poner en saldar sus deudas, dada su situación de interno en un centro penitenciario y los mínimos ingresos que pro su trabajo puede obtener allí", matiza el letrado.

Desde que cumplió la cuarta parte de la pena, Marcos da Silva ha solicitado en varias ocasiones disfrutar de permisos, pero la junta de tratamiento de A Lama los ha desestimado siempre. La última petición se presentó hace dos meses y está a la espera de respuesta. "Se han fundamentado las causas más variopintas, que existe riesgo de quebrantamiento, que es extranjero, que está divorciado de y mujer, y hasta reincidencia delictiva cuando no ha cometido más que este delito. Creo que es de justicia que del mismo modo que en su día se le aplicó la ley penal para condenarlo, ahora se le aplique la ley penitenciaria con todas sus consecuencias, y por ello, si cumple objetivamente con todos los requisitos exigidos para la concesión de permisos carcelarios, éstos le sean aplicado en igualdad de condiciones que al resto de los reclusos", indica su abogado.

El crimen de la joven Sara Alonso ocurrió en la madrugada del 18 de septiembre de 2004, después de que víctima y homicida coincidieran de copas con otros amigos en Vigo. El homicida la mató en su domicilio de la calle María Berdiales –esa noche su entonces esposa tenía guardia en una clínica viguesa–. Marcos da Silva ató el cuerpo de la joven con cordones de zapatos y ocultó el cadáver en su propia casa, en un carrito de la compra. A la noche siguiente, trasladó el cuerpo a la zona de Cabo Estai, donde fue encontrado un mes después.

Varias semanas después, en noviembre de 2004 y tras liderar un grupo de amigos que emprendió la búsqueda de la víctima y pedían justicia, fue detenido. La pena que le impuso la Audiencia, 13 años por homicidio y ratificada por el Supremo, no estuvo exenta de polémica y fue criticada por los allegados de la víctima y por la Asociación de Apoyo a las Víctimas y Familiares de Delitos Violentos (Avidev), que la consideraban muy escasa.

La condena supuso una notable rebaja con respecto a la que solicitaba el Ministerio Fiscal –30 años de cárcel– y el abogado de la acusación particular –46 años–. Y es que la sala lo condenó únicamente por un delito de homicidio , absolviéndolo de los de asesinato, agresión sexual y detención ilegal.

Su abogado sostiene que Marcos da Silva cometió un error por el que lleva pagando más de 6 años, recluido en prisión, "donde ha tratado de enmendar su error y prueba de ellos es su comportamiento ejemplar y su voluntad de hacer frente a las responsabilidades civiles". Un comportamiento que despierta desconfianza en la junta de tratamiento.