03 de diciembre de 2008
03.12.2008
40 Años

El funcionario sólo vigilaba a cuatro presos con GPS cuando saltó la alarma del homicida

Pese a ello la Unidad Central de Vigilancia en Madrid no detectó el aviso

03.12.2008 | 09:43

La Unidad Central de Vigilancia Electrónica (UCVE) sólo debía controlar los sistemas GPS de cuatro personas el pasado sábado, día en el que Maximino Couto mató a su novia, María del Rosario Peso, en Ponte Caldelas e hirió de gravedad a otras tres personas en Mourente a donde se había dirigido con la intención de matar a su ex mujer, Herminia Buceta Luna, que salvó su vida gracias a que no se encontraba en el domicilio.

El funcionario encargado de supervisar la pantalla del ordenador en la que saltan las alarmas no detectó la emitida por el GPS ni en el momento en que saltó, a las 16.36 horas, ni más tarde, por lo que no se puso en marcha el protocolo previsto para estos casos.

En la UCVE, cuya sede se encuentra en Madrid, trabajan quince funcionarios, de los que siete se encargan del "monitoreo" -nombre que recibe la pantalla del ordenador que registran las alarmas- repartidos en turnos que cubren las 24 horas del día. Cuando en esta Unidad de Vigilancia se recibe un aviso de alarma el funcionario de turno llama a la prisión en la que cumple condena el interno, que a su vez avisa a las Fuerzas de Seguridad, lo que no ocurrió el pasado sábado por un "fallo humano", tal como afirmó el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Ese día la alarma del GPS funcionó bien y no fue detectada cuando Maximino Couto se acercó a la casa de su ex mujer en Mourente debido a que el funcionario responsable "no la vio, y nadie la oyó", según dijo el ministro.

Por su parte, la secretaria de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, reconoció "fallos humanos no motivados por la malicia" en el control del dispositivo electrónico que llevaba Couto. Gallizo señaló que aún "no ha concluido el análisis de cómo se produjo el error" y subrayó que "lo que más tiene que preocuparnos es cómo reforzar nuestro sistema para evitar no ya el fallo humano, sino para garantizar que aunque se produzcan fallos haya otros sistemas complementarios" de control.

El funcionario que prestaba servicio en la tarde del sábado en la Unidad Central de Vigilancia Electrónica tendrá que dar explicaciones por no detectar la alarma, según informó Inspección Penitenciaria.

El propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo asumió el "error humano" en el control del dispositivo electrónico que llevaba Maximino Couto, pero matizó que "el deseo de venganza" de esta persona a la que tildó de "bestia" y "delincuente", "está en primer término". Para Bermejo "el error humano ha puesto una primera condición para que esto ocurriese pero que no se nos olvide donde está el problema esencial que ha desatado una excepcional actividad de venganza y el modo en el que lo ha hecho".

El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip denunció ayer la "irresponsabilidad" y la "pésima gestión" de la Administración Penitenciaria ante la ausencia de un protocolo de actuación en caso de que la Unidad de Vigilancia Electrónica, que realiza un seguimiento GPS de los reclusos, detecte que los presos accedan a zonas prohibidas. La organización sindical, explicó que el funcionario que se encargaba del seguimiento de reclusos el pasado sábado cuando Maximino Couto mató a su pareja en Ponte Caldelas durante un permiso, "no disponía de formación específica" sobre el uso del sistema y que "tuvo que rearmarlo hasta tres veces" debido "a fallos" del mismo.

Asimismo, recalcaron que los funcionarios asignados al servicio denunciaron "en varias ocasiones" el mal funcionamiento de los equipos informáticos y que "de los 7 miembros de la unidad sólo a tres se les ha facilitado formación específica del sistema", para responder "con escaso personal" del seguimiento de un total de 1.834 internos.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ante este trágico suceso manifestó que el Gobierno trabaja en la elección de un modelo distinto de dispositivo electrónico para garantizar el alajamiento del agresor respecto de un modelo distinto de dispositivo electrónico para garantizar el alejamiento del agresor respecto a la víctima.

Este sistema, aprobado en Consejo de Ministros, cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros y, según Aído, se pondrá en marcha el año próximo. "

También Rubalcaba adelantó que Instituciones Penitenciarias va a "mejorar tanto el protocolo de vigilancia como el funcionamiento de la pulsera" de segumiento GPS.

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