La investigación emprendida por la justicia portuguesa en torno a la desaparición del empresario ourensano Guillermo Collarte hace casi nueve años en Valença do Minho ha avanzado en los últimos meses. Al exhaustivo rastreo realizado esta semana en un monte de esta localidad lusa se une el hecho de que en la actualidad ya hay seis personas imputadas en este caso. Todas tienen la condición de argüidos, una figura jurídica propia de Portugal que no existe en la legislación española que significa que son sospechosos oficiales en la investigación. El avance del caso desvelará si finalmente son declarados acusados o, al contrario, se descarta su relación con la desaparición.
El número de imputados aumentó en los últimos dos meses conforme iba avanzando la investigación, según confirmaron ayer fuentes conocedoras del caso. Precisamente, una de las diligencias contempladas tras las últimas imputaciones fue la búsqueda del cuerpo del constructor ourensano en una finca de una zona boscosa de Valença, en el lugar de Bogim de la ferigresía de Cerdal, un rastreo que se efectuó durante las jornadas del miércoles y el jueves en presencia de la procuradora (fiscal) de Valença encargada de este asunto y de la Policía Judiciaria.
Bomberos de la villa fronteriza portuguesa y especialistas de la Universidad de Lisboa, equipados con un georradar, previo corte y retirada de la maleza en el lugar a inspeccionar, rastrearon la zona ,en la que se encontraron prendas de ropa viejas, destrozadas y quemadas, entre ellas un pantalón y un chaleco de traje gris, calcetines, restos de un jersey y de otro pantalón azul. La propia hija de Collarte, Berta, las examinó para tratar de determinar si pertenecían a su padre, que el último día que se le vio con vida llevaba una camisa blanca, una cazadora azul y un pantalón de color tostado. Algunas prendas se descartaron, mientras que otras, pese a que no fueron reconocidas con seguridad dado lo deteriorado que estaban, se examinan para tratar de determinar si tienen relación con el caso. La inspección en el interior de un pozo seco, a unos 20 metros de profundidad, no tuvo resultados positivos.
La justicia portuguesa mantiene esta causa bajo secreto de sumario, por lo que apenas trascienden datos de una investigación que se está llevando a cabo con mucho sigilo.
