La ministra francesa de Trabajo, Élisabeth Borne, explicó ayer que las sanciones contra los empleados que tengan la obligación de presentar el certificado sanitario en su lugar de trabajo podrían llegar hasta el despido si se niegan a vacunarse.

Estos trabajadores, como los empleados de la hostelería o de los transportes de larga distancia, tendrán que presentar a partir del 30 de agosto el certificado sanitario que acaba de aprobar el Parlamento y que obligará al resto de ciudadanos a mostrarlo también, en principio desde principios de agosto. “El objetivo es convencer a los empleados y facilitar la vacunación, por ello hemos permitido una autorización de ausencia” para acudir a vacunarse, indicó la ministra en declaraciones a BFMTV.

La ley incluye un proceso de suspensión del contrato de trabajo (de empleo y sueldo) si el empleado no ha podido vacunarse que se levantaría en el momento en el que el trabajador pueda presentar el documento acreditativo. “Como no hay salario, esta disposición no puede durar indefinidamente. Habíamos querido introducir en la ley la forma en la que se podría recurrir al despido, al que no se podría recurrir antes de dos meses y que se acompañaría de una indemnización para los trabajadores”, dijo Borne.

“Esto no quiere decir que ahora no pueda haber despidos, sino que ahora está menos delimitado, que podría aplicarse antes de los dos meses, como está recogido ya en el código laboral”, añadió Élisabeth Borne.