El “toque de queda” vuelve a ponerse en el centro del tapete como medida de las comunidades autonómicas para frenar la quinta ola, una decisión sobre la que tendrán la última palabra los tribunales superiores de justicia de cada región a no estar en vigor el estado de alarma. Valencia consiguió este pasado lunes que su Tribunal Superior de Justicia avalase un toque de queda para municipios con alta incidencia de coronavirus, pero no así Canarias, donde fue anulado por los tribunales.

A pesar de esta disparidad de fallos, otras comunidades están apostando por esta media. Sin ir más lejos, la Generalitat de Cataluña decidió ayer recuperar el “toque de queda” en los municipios con mayor incidencia de COVID-19 entre la 00.30 y las 06.00 horas, ante la escalada de casos –Cataluña es la comunidad con mayor incidencia–. De recibir el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la limitación de movilidad nocturna afectará a los 158 municipios de más de 5.000 habitantes con una incidencia acumulada igual o superior a 400 casos por cada 100.000 habitantes durante la última semana. La restricción a la movilidad nocturna entraría en vigor a partir de este fin de semana y sería para un plazo de una semana. Entre los municipios que se someterán al nuevo “toque de queda” está la capital, Barcelona, Tarrasa, Badalona, Sabadell, Tarragona, Mataró y Girona.

También Cantabria esperaba al cierre de esta edición el aval de los órganos judiciales para fijar la limitación de movilidad de 01.00 a 06.00 en 53 de los 102 municipios cántabros, entre ellos los más grandes. Así lo anunció ayer el titular de ese departamento, Miguel Rodríguez, junto con otra medida de limitar la venta de alcohol para el consumo en el exterior, a partir de las 20.00 horas, en todos los establecimientos comerciales de la región.

Esa segunda medida, que entra en vigor hoy, tiene una “duración indefinida” y dependerá de la evolución epidemiológica en Cantabria, que es ahora de 527 casos por 100.000 habitantes en 14 días, mientras que el denominado “toque de queda” duraría 14 días.

El “toque de queda” también es una opción para el Gobierno de Castilla y León, aunque su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, reconoció ayer en rueda de prensa que los servicios jurídicos de la unta han desaconsejado que solicite esta medida excepcional aunque el informe final aún no está elaborado. No obstante, el responsable del Ejecutivo regional añadió que antes de tomar ninguna decisión, además de este informe jurídico, se tendrán en cuenta los criterios del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre protección de los derechos fundamentales y la doctrina del propio Tribunal Supremo. “Es una decisión que tomaremos mañana (por hoy)”, afirmó.

El caso contrario al de Valencia es Canarias, donde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denegó la petición del Gobierno regional para limitar la movilidad entre las 00.30 y las 06.00 horas en las islas con nivel de alerta 3 ó 4, tratando de evitar así aglomeraciones en ese horario. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en su sede de Santa Cruz de Tenerife deniega el toque de queda argumentando que esta medida “no está debidamente justificada” y porque no se aprecia “ningún motivo en cuya virtud pueda defenderse que las conductas de riesgo resulten aún más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno o las inocuas dejen de serlo porque el día dé paso a la noche”.

Los autotest en farmacias serán “baratos”

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó ayer que el Gobierno va a “trabajar” para que los test de autodiagnóstico contra la COVID-19, es decir, de antígenos o de anticuerpos, que se podrán adquirir en farmacias sin receta tengan un “precio asequible”. “Vamos a trabajar para que sea un precio asequible para la ciudadanía de este país”, afirmó tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Darias precisó que los test se venderán solo en farmacias, y que las personas que den positivo en un test de autodiagnóstico constarán como casos sospechosos. Por tanto, tendrán que someterse a un nuevo análisis en la red sanitaria para confirmar el positivo. En su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Darias anunció que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que va a permitir la venta de estas pruebas sin receta en las oficinas de farmacia. “Se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia”, dijo.

Asimismo, reivindicó que “se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia”.