Todos los centros penitenciarios de España cuentan con programas de prevención de suicidios, que tienen como objetivo detectar situaciones de especial riesgo entre los reclusos para evitar que se conviertan en conductas suicidas, a través de la inmediata adopción de medidas. A continuación desgranamos algunas pautas que explican el funcionamiento de este protocolo.
La evaluación
Ante la detección de una posible conducta suicida, procedente de cualquier trabajador o colaborador del centro, el interno es evaluado por un psicólogo y un médico, según se recoge en el programa marco de prevención de suicidios.
Son estos profesionales, junto con el subdirector de tratamiento, los encargados de proponer al director de la prisión la inclusión del recluso en el programa de prevención y las medidas a adoptar. El momento del ingreso resulta clave para detectar a los internos que por sus características sean susceptibles de serles aplicado el protocolo.
En el caso de traslados desde otras cárceles, entre la documentación que acompaña al interno debe figurar la existencia previa de intentos de suicidio o de haber estado incluido en el programa de prevención.
Situaciones de riesgo
Algunas de las situaciones de riesgo a las que, según el programa marco, hay que prestar especial atención son:
- Conflictos familiares o afectivos graves.
- Modificación en la situación procesal, penal y penitenciaria de los internos que pudiera ser acogida por éstos de forma negativa.
- La proximidad de la excarcelación cuando el interno tenga dificultades de reinserción social, familiar y laboral.
- Situación de aislamiento del interno.
- Resoluciones administrativas o judiciales que comporten una involución como regresiones de grado de tratamiento, no autorización de permisos de salida, denegación de libertad condicional, etc.
Medidas
Siempre como medida preventiva, en el ingreso se sitúa al interno en una celda compartida y se evitan situaciones de aislamiento. Además, se facilitan las llamadas a las familias. Entre las medidas provisionales urgentes figuran la derivación al hospital de referencia en caso de urgencia psiquiátrica, tratamiento médico directamente observado, inmovilización terapéutica acompañada de observación, asignación urgente de interno de apoyo, retirada de material de riesgo y vigilancia especial por funcionarios.
Las medidas programadas incluyen el seguimiento en consulta por parte del servicio médico, la derivación al psiquiatra, el ingreso en enfermería para observación y tratamiento, consulta psicológica, seguimiento directo por su educador y valoración por el trabajador social.
Con carácter general, estará acompañado las 24 horas por un interno de apoyo y se favorecerán las comunicaciones con la familia y el entorno social. Además, se potenciarán las actividades deportivas, ocupacionales, etc.
Internos de apoyo
Se seleccionan entre aquellos que tengan una adecuada capacitación, actitud y motivación, presenten una situación estable en el centro, buen comportamiento y sin traslado previsible, les quede más de un año de condena o para obtener la libertad provisional y no consuman drogas. Estos internos reciben una formación mínima de 30 horas con la que se pretende que adquieran conciencia de la actividad que van a desempeñar, aprendan a detectar situaciones de riesgo y a tener unos conocimientos básicos sobre depresión y primeros auxilios.
El interno de apoyo colabora compartiendo celda con el recluso incluido en el programa, le acompaña en todas las actividades que no tengan carácter colectivo o está con él las 24 horas (interno sombra). Cada semana la junta de tratamiento decide la continuidad o modificación de las medidas acordadas.
El Caso Rosario Porto
Tanto fuentes penitenciarias como sindicales han asegurado a la agencia que no ha fallado el protocolo en el caso de Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, condenada a 18 años por el asesinato de la niña, de 12 años, en septiembre de 2013, que fue encontrada ayer en su celda colgada de un cinturón de tela.
Porto, que se encontraba ingresada en la prisión de Brieva (Ávila), había estado incluida en el programa de prevención de suicidios en seis ocasiones, la última en febrero de este mismo año. En estos momentos, los expertos no consideraban necesario aplicarle el protocolo, según las fuentes, que precisan que no se puede tener a un interno permanentemente incluido en el programa, entre otros motivos, porque supone una limitación a su derecho a la intimidad.
España, por debajo de la media
Según los últimos datos del Consejo de Europa, en 2019, la media de suicidios en las cárceles de los 47 países que forman parte de este organismo se situaba en 7,2 casos por cada 10.000 internos. España está bastante por debajo. En los centros penitenciarios de la Administración General del Estado (no incluye los de Cataluña), la media es de 5,9.
Por encima se sitúan países de nuestro entorno como Francia (14,7), Reino Unido (11,3), Italia (10,1) o Portugal (8,5). Estos datos contrastan con los de la población no reclusa. En España, cada dos horas y media se suicida una persona, es decir, diez cada día.
Salud mental en las cárceles
La prevalencia de los trastornos de la salud mental es hasta siete veces mayor entre la población reclusa y se calcula que hasta el 40 % de los presos padece una patología mental. A pesar de ello, las organizaciones que trabajan en prisiones, como Dignidad y Justicia Social, denuncian la ausencia de psiquiatras en los centros penitenciarios.
