El plan billonario europeo para combatir los efectos devastadores de la pandemia sobre la economía del área empieza a hacerse realidad. Aunque no se han extinguido las diferencias entre las pretensiones de los países del norte y del sur, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) dio ayer su plácet, con un amplio consenso, a que la Comisión Europea ultime y eleve al Consejo Europeo en quince días (antes del 6 de mayo) una propuesta detallada del proyecto, que podría movilizar entre un billón y 1,5 billones de euros, según la pretensión de España y otros países, y de acuerdo con el esbozo en el que trabaja el órgano ejecutivo europeo: "No será cuestión de millones. Hablamos de billones", reiteró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y el presidente del Eurogrupo (el grupo de ministros de economía y finanzas del euro), Mário Centeno, fue también concluyente: "El fondo", dijo, "debe ser proporcional al coste de la crisis".
El entendimiento amplio entre los líderes europeos tras cuatro horas de videoconferencia, y aun cuando con discrepancias sobre la naturaleza del fondo, su reparto y su financiación, supone un giro copernicano respecto a la tensa y crispada cumbre del día 7, cuando los gobiernos meridionales y septentrionales parecían irreconciliables.
En lo que se antojaba inimaginable días atrás, la cumbre estuvo ayer de acuerdo, por amplia mayoría, en constituir este instrumento ambicioso para el relanzamiento económico, y ahora debe ser la Comisión Europea la que haga una propuesta que en su diseño de detalle lo haga asumible para países que tienen visiones divergentes.
El sur sigue defendiendo la petición española de que se financie con deuda sin vencimiento emitida por la Comisión Europea y respaldada por el presupuesto comunitario (la propuesta ha tenido el respaldo en los últimos días del financiero George Soros y del diario "Financial Times", entre otros creadores de opinión) mientras que algunos países norteños se niegan a que se trate de emisiones perpetuas. La Comisión parece inclinarse por deuda a muy largo plazo para que sea asumible por unos socios y otros.
A su vez, España, Italia y otros gobiernos reclaman que el fondo actúe mediante transferencias a fondo perdido a los estados, en tanto que Holanda y otros se oponen a este planteamiento y exigen que consistan en préstamos reintegrables, lo que entrañaría un aumento por esos importes de la deuda pública de los países perceptores. El ejecutivo comunitario podría optar por una solución intermedia para superar los vetos, consistente en combinar subvenciones y préstamos.
Queda también por definir los criterios de reparto. La propuesta de favorecer a los países con mayor peso de los sectores más devastados (como el turismo) beneficiaría al sur, al igual que el principio de reparto según la afectación de la enfermedad, aunque la incidencia real del virus por países solo se conocerá al final de la pandemia.
Tres instrumentos
En el mismo clima de entendimiento europeísta y de actuación como un verdadero bloque, la cumbre aprobó para su entrada en vigor con celeridad (el próximo 1 de junio) los otros tres instrumentos propuestos por la Comisión para movilizar 540.000 millones en forma de liquidez y préstamos a los Gobiernos (una línea del Mede sin condicionalidad política ni económica, a diferencia de los rescates de países que hizo este mecanismo en el pasado), a las empresas (a través del Banco Europeo de Inversiones) y al aseguramiento de los expedientes de regulación temporal que eviten despidos mediante el nuevo fondo Sure.
El cambio de actitud del Consejo Europeo se produjo tras una ardua laboral diplomática durante semanas para limar diferencias, el apoyo explícito de la Comisión y del Parlamento europeos a una actuación conjunta y contundente contra la crisis, y algunos movimientos de última hora: la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo a los líderes europeos que ante la gravedad de la recesión la mayor amenaza sería "hacer poco y hacerlo tarde"; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, les planteó que la acción es "urgente", y la canciller alemana, Angela Merkel, del sector "duro", se comprometió a que su país aumente su aportación al presupuesto europeo, lo que es condición para respaldar el fondo de reactivación.
Así lo señaló también la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien, a preguntas de los medios tras la cumbre, constató el "cambio de tono", descartó hacer nacionalizaciones de empresas en España y negó que España tenga previsto pedir uno de los créditos de la nueva línea del Mede.
