El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, habla en esta entrevista de los retos de la desescalada, de la gestión de la crisis por parte del Gobierno y, sobre todo, del papel sobresaliente en España, con y sin coronavirus, de los agricultores y ganaderos.
- El FMI prevé que la economía española se desplome un 8% y que el paro se dispare al 20,8% este año. ¿Cuál es el plan para después del confinamiento?
-La prioridad continúa siendo acabar con la pandemia y el virus. Ahí están enfocados todos nuestros esfuerzos. Hasta el día 26 estaremos en la segunda prórroga del estado de alarma. A partir de entonces llega un momento muy complicado de gestionar porque, manteniendo la prioridad de erradicar el virus, tendremos que, de forma progresiva, ir retomando las actividades para volver a la normalidad. Es evidente que muchas cosas van a quedar afectadas, pero esa vuelta a la actividad económica y social va a hacerse de forma prudente, escalonada y sin poner en riesgo los avances logrados. En el anuncio de la segunda prórroga, el presidente ya abrió la posibilidad y es fundamental saber en qué condiciones se va a producir en España y en Europa. Esta semana, la Comisión Europea ha llamado la atención sobre la necesidad de coordinar las respuestas en la desescalada.
- ¿Qué esperanza tiene de que fragüen los nuevos pactos de la Moncloa?
-Los pactos de la Moncloa significaron que, en un momento de una intensa crisis económica, teníamos que hacer el paso del franquismo a la democracia y todos tuvimos altura de miras. Fue un acuerdo de mínimos, pero lo recordamos porque fue un buen acuerdo. Cuando el presidente menciona este espíritu estamos queriendo decir un acuerdo nacional de unidad, suma y futuro, que permita la reconstrucción de este agujero del coronavirus. Ese mirar hacia el futuro incluye los presupuestos del 2021.
- ¿Tiene esperanza de que salgan? ¿Cuál sería el plan B si no?
-Es absolutamente necesario. Este es un momento de sumar, de unir fuerzas para dar una respuesta y pienso que no hay plan B. Si todos estamos al servicio de los españoles, ese debería ser el camino. Pensando en la crisis del 2008 y en cómo salimos de ella, hay una voluntad muy acentuada en la sociedad de que nadie se quede atrás y que no se incrementen los niveles de desigualdad heredados del 2008. Eso es fundamental y en ello va el futuro de la sociedad española.
- ¿Qué valoración hace de la gestión de la crisis por parte del Gobierno y cómo ve las críticas de la oposición que les acusa de improvisar e incluso de mentir?
-Esta es una crisis inédita. Estamos actuando y dando respuesta, al mismo tiempo que estamos investigando y tomando decisiones. No había u mapa de ruta, porque nadie había explorado este camino. Eso explica lo que supone de dificultad y responsabilidad en la toma de decisiones, pero también la necesidad de prudencia y esfuerzo. Lo estamos haciendo todo con el consejo científico-médico, aunque la responsabilidad política siempre es del Gobierno. Lo fundamental ahora es combatir el virus y se ve en el tono de las respuestas a las críticas. Estamos aprendiendo lecciones de las prioridades desde un punto de vista estratégico y aquello que no ha funcionado y hay que corregir. Respecto a las cifras de contagiados, lo que hace el Gobierno es compilar las cifras que le facilitan las comunidades. Existe el mismo tema a nivel español y europeo. Es un problema clásico de la estadística, la homogeneidad de las cifras, pero en este caso no hablamos de unidades sino de vidas humanas, y eso hace que sea especialmente dramático. No me gustan estas polémicas, hay que ser honestos, estamos aplicando toda la transparencia al igual que todas las comunidades que, sin reserva, están actuando de buena fe. Es una polémica inútil, cuando llegue el momento nos tendremos que poner de acuerdo sobre este tema estadístico.
- ¿Ha llegado tarde España para atajar la pandemia?
-La decisión de situarnos en el estado de alarma se adoptó el 14 de marzo, la OMS había declarado el pase de epidemia a pandemia el día 11. El 12 se reunió el Consejo de ministros para preparar la respuesta. Hemos ido dando pasos que se han cifrado entre 48 y 72 horas, por lo que el comportamiento ha sido exactamente el mismo. Cuando analicemos todo, el origen, cómo se ha transmitido, por qué ha tenido un comportamiento diferente según los colectivos y cuando encontremos una vacuna estaremos en condiciones de dar esa respuesta.
- Si como dicen los expertos pudiera haber un rebrote, ¿qué lecciones se han aprendido?
-Debemos intentar que no haya ningún rebrote. Es demasiado costoso, no sabemos en qué situación nos encontraremos dentro de un mes, por eso es tan difícil gestionar esta crisis. Estamos aprendiendo normas de comportamiento, el distanciamiento social que espero sea provisional, el tema de los mecanismos de higiene personal y medios de protección. En esta fase de desescalada tendremos que ir viendo todo, pero sobre todo evitando volver a los orígenes de la crisis.
- ¿Estaba la sanidad pública al mismo nivel en todas las comunidades? ¿En qué ha apoyado el Gobierno a las más debilitadas?
-En 1986 aprobamos la ley de Sanidad, la base del sistema de sanidad pública del cual todos estamos muy orgullosos y ha funcionado muy bien. Cada comunidad ha tenido un comportamiento distinto, según su perfil y la inversión realizada, pero este no debe ser un motivo de polémica. Ya habrá ocasión de examinar quién se ha comportado mejor. El Gobierno, desde el inicio de la crisis, adelantó los pagos a cuenta de las comunidades por importe de 3.800 millones de euros y de forma específica para luchar contra el coronavirus se libraron para las comunidades 210 millones aparte de las ayudas en forma de material.
-Antes del Covid-19, los agricultores se habían echado a la calle para exigir mejoras. ¿Qué cambiará en la producción agroalimentaria tras la crisis?
-La agenda desde el 14 de marzo ha cambiado totalmente, muchos de los temas han desaparecido, pero lo que estaba antes y está después es la posición de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Ya dije en las manifestaciones que tenían razón en sus protestas de que la sociedad española los escuchara en su reclamación de precios más justos. Decían antes de la crisis que eran esenciales, y esta crisis ha demostrado que no solo tenían razón sino que han tenido razón dos veces. Por eso, llevé al Consejo de Ministros el decreto ley de medidas urgentes en materia de reforma de la ley de cadena alimentaria, que se adoptó y entró en vigor para mejorar su capacidad negociadora en los contratos, para aumentar la transparencia de la cadena y equilibrar su funcionamiento. Esta crisis ha demostrado que la cadena alimentaria en España funciona muy bien, es moderna y efectiva. Los agricultores, ganaderos y pescadores han estado ahí y se han comportado admirablemente. De igual forma las empresas cooperativas, la industria agroalimentaria y la de la distribución. Ahora hay que dar un paso adelante: hemos abierto la consulta pública para la transposición de la directiva europea del 2109. Mi intención es someter un proyecto de ley antes de que finalice el año y que no más tarde de 2021 podamos llevar una reforma integral de la ley de cadena para mejorar la posición de agricultores y ganaderos. Si antes tenían de su parte a una parte importante de la sociedad española, en este momento son de los grandes protagonistas. Estoy muy orgulloso de ello.
-¿Espera cubrir el déficit de mano de obra del campo con el decreto dictado?
-Ha habido que trabajar mucho. Por ejemplo en el transporte al campo o en el tema del suministro de las actividades ganaderas, y otro problema que se planteó era el de los trabajos del campo, la recogida y el manipulado de fruta y otros productos. Con el estado de alarma no era posible que vinieran los trabajadores tanto de dentro como de fuera de la UE y con este decreto he pretendido dar una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria. Que en un ámbito de proximidad, adoptando una medida extraordinaria como es compatibilizar las prestaciones por desempleo o el subsidio agrario con el trabajo y los ingresos por un salario se pueda hacer. Hemos identificado que hay necesidad de entre 75 y 80.000 trabajadores. Eso significa que en muchos lugares va a ser posible de una forma entre comillas normal, sin recurrir al decreto, y en otros, trabajadores que cobran prestaciones o extranjeros que han expirado su permiso de trabajo o extranjeros entre 18 a 21 años apuntalarán ese déficit. Un tema fundamental es que el criterio de proximidad de esos trabajadores lo hemos dejado en manos de las comunidades. Cuando veamos cómo evoluciona esta situación podremos ver si hace falta prorrogar más allá del 30 de junio. Si es eficaz y continúa siendo necesario se prorrogará.
- ¿Qué pasará con la PAC?
-La PAC es una de las grandes reivindicadas de esta crisis. ¡Quién iba a decirlo! En lo inmediato hemos conseguido que la CE prolongue el periodo de presentación de solicitudes del 15 de mayo al 15 de junio. En cuanto esté aprobado, publicaré la orden ministerial correspondiente. La semana pasada teníamos ya el 43% del conjunto de las declaraciones. Lo que significa que funciona a buen ritmo. Estamos pidiendo también que se flexibilicen los controles sobre esas declaraciones que no podrán efectuarse íntegramente y conseguir que el 16 de octubre, cuando se pague el adelanto, no sea de un 50%. La comisión ha dicho que va a elevarlo a un 70%, pero España y Francia estamos pidiendo el 85% como recompensa merecida a nuestros agricultores y ganaderos por su buen trabajo. Además hemos pedido para sectores como el de la flor cortada, el cordero, el ovino y el caprino una serie de medidas de mercado. Y le hemos pedido a la CE que sea sensible a la evolución de la situación. Estamos coordinados con Francia, Alemania, Italia, Portugal e Irlanda.