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Los menores enjuiciados por delitos contra la libertad sexual crecen más del 30% en un año

-Hurtos, lesiones y violencia familiar centran las denuncias contra adolescentes gallegos -Las adopciones se desploman y los trámites pueden durar hasta diez años con China

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Hurtos, daños al patrimonio, lesiones, violencia doméstica y ataques contra la libertad sexual centran el grueso de los delitos cometidos por menores de entre 14 y 17 años en Galicia a lo largo del último año. Por debajo de dicha edad son inimputables, por lo que no reciben castigo. En el último ejercicio 616 adolescentes fueron sometidos a juicio, con lo se mantiene la tasa descendente de delitos iniciada en los últimos años, siendo el punto álgido el ejercicio de 2010 con 1.321 menores enjuiciados, según recoge la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia de 2018, que se presenta ahora. Una tendencia paralela al descenso de procedimientos incoados a nivel general, si bien en también habrían influido las soluciones extraprocesales alcanzadas. Por provincias, el mayor número de delitos de menores tuvo lugar en A Coruña (240 asuntos), Pontevedra (195), Ourense (101) y Lugo (80).

El perfil del adolescente que acaba ante el juez tras cometer un delito es el de un chico de entre 16 y 17 años, de nacionalidad española y que resulta sancionado. En el último año fueron a juicio 474 menores de entre 16 y 17 años y otros 142 jóvenes de entre 14 y 15 años, de ellos sólo 103 eran extranjeros.

Los delitos más representativos, a tenor de las diligencias incoadas, se reparten en delitos contra el patrimonio con 776 asuntos; delitos de lesiones, con 464 casos y delitos de violencia familiar. Las 278 causas incoadas por la Fiscalía en este último apartado, incluyen los casos de violencia doméstica por agresión a familiares y también otros 40 casos de violencia de género hacia sus novias, generalmente también menores.

De los 2.722 delitos cometidos por adolescentes a lo largo del último año judicial en Galicia, preocupan los 146 registrados contra libertad sexual, que incluyen 30 agresiones sexuales y 43 abusos. Al menos 56 menores fueron cazados al volante y enjuiciados por delitos contra la seguridad vial. Además de conducir sin carné, uno de los jóvenes estaba bajo los efectos de drogas y alcohol y otros dos conducían de forma temeraria.

Un dato a destacar por la Fiscalía Superior de Galicia es la eficacia de las soluciones extraprocesales acordadas para resolver los expedientes de reforma, si bien todavía no son muchas. Se alcanzaron 139 acuerdos de un total de 1.266 expedientes tramitados, lo que supone un 10,98% cuando la cifra aconsejable sería un 20%.

Sanciones

Las sanciones judiciales afectaron a 926 menores, si bien en más de la mitad de los casos se impuso el castigo de libertad vigilada, mientras que 138 menores fueron internados en régimen semiabierto. Las penas más duras, para los delitos mas graves, incluyeron 35 internamientos en establecimientos cerrados, 39 en centros terapéuticos y 11 permanencias en fin de semana.

La Fiscalía de Menores se encarga también de la protección de éstos, caso de adopciones, expedientes de tutela, amparo, guardia y acogimiento, lo que supuso la tramitación de más de 5.000 expedientes. El foco se pone en el descenso de adopciones, pues cada vez es menor el número de familias que decide adoptar, tanto a nivel nacional como internacional. Así, la memoria refleja que en 2004 iniciaron el proceso 888 familias mientras que el último año fueron solo 87, según datos de la Xunta.

La Fiscalía sostiene que hay una razón evidente para este descenso de peticiones: "Cada vez se resuelven menos adopciones. En 2018 hubo 48 preasignaciones de menores de otros países, frente a los 332 de 2006. Las nacionales llevan un ritmo más estable, pero también se producen muy pocas, 27 en el último ejercicio frente a las 92 del año 2002".

Las adopciones internacionales de 2018 proceden de Hungría, Vietnam, Bulgaria, China, Colombia y Filipinas. El proceso de adopción en Galicia, ahora mismo, puede enfrentarse a más de 10 años de espera, como pasa con China, mientras que en 2005 la demora, según la Fiscalía, era de 18 meses.

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