El Gobierno y el PP se mostraron ayer abiertos a introducir modificaciones en la ley de interrupción del embarazo que dejen claro en el articulado, a instancias del grupo popular, que "el aborto no es un derecho", en contra de lo que asegura la norma actual, aprobada cuando gobernaba el socialista Rodríguez Zapatero.

El anuncio, considerado electoralista por grupos feministas, resultó, sin embargo, insuficiente para agrupaciones antiabortistas, que reclamaron a los populares que cumplan las promesas que hicieron desde la oposición y anulen la ley de plazos. "El aborto no es un derecho, debe quedar claro", dijo el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en una entrevista con RNE, al ser preguntado por la posibilidad de que el PP esté estudiando introducir cambios en la reforma ya presentada en el Parlamento para que las mujeres de 16 a 18 años no puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno.

Alonso recordó que el martes llegará al pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de ley, que "tiene un periodo de enmiendas". Para el ministro, "es posible que el grupo (popular), en ningún caso a instancias del Gobierno, pueda presentar alguna enmienda en ese sentido".

De igual modo se pronunció el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, quien recomendó buscar el "máximo consenso" interno en la reforma de la ley y subrayó que la posición de su partido no ha cambiado desde que estaba en la oposición, y sigue a la espera del fallo del Tribunal Constitucional.

Por su parte, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, recordó que su partido prometió en su programa electoral reformar la ley del aborto impulsado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque rechazó evaluar tal modificación hasta ver "el texto que plantee el Gobierno". "Una vez que conozcamos el texto podremos buscar posicionamiento al respecto", remarcó Feijóo, quien rechazó así pronunciarse sobre "previsiones o comentarios".

Mientras tanto, la Fundación Mujeres y la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas acusaron al Gobierno de utilizar la reforma para captar los votos de las posiciones "ultraconservadoras". La presidenta de la citada Federación, Ana María Pérez del Campo, aclaró al Ministro que "naturalmente el aborto no es un derecho" sino "una decisión que corresponde tomar a la mujer en un momento crucial de su vida".

También la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, lamentó que "el PP quiera aprovechar el periodo electoral para agredir los derechos de las mujeres". Besteiro reivindicó el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, si quieren ser madres o no, el número de hijos que quieren tener y cuándo quieren tenerlos.

"Ya está bien de considerar a las mujeres como meros objetos y como seres irresponsables", señaló, al tiempo que acusó al PP de querer condenar a la clandestinidad a las féminas que quieren interrumpir su embarazo, a poner en peligro su vida y, a aquellas que tienen dinero, al turismo abortivo.

Los grupos Foro de Familia y Derecho a Vivir pidieron a Alonso que, en lugar de hacer "cambios nominalistas", anule la ley de plazos, porque, a su juicio, mientras se permita abortar libremente hasta las 14 semanas, el aborto seguirá siendo "un derecho". La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, instó al Gobierno a "pasar de las palabras a los hechos" porque, a su juicio, no sirve "de nada" decir que el aborto no es un derecho si mantienen una norma "que lo contempla como tal". "Para que el Gobierno sea creíble debe derogar ya la ley Aído, el sistema de plazos que contempla, en la práctica, el aborto como un derecho de la mujer", sostuvo Joya.