Echevarría, de 51 años y que padece una distrofia muscular progresiva que la ha dejado tetrapléjica, tiene la autorización del Comité Ético de la Junta de Andalucía y del Consejo Consultivo Andaluz para que se cumpla su petición, que se encuadra en un caso de limitación de esfuerzo terapéutico.
El Servicio Andaluz de Salud garantizó hoy "el cumplimiento de la petición de la paciente", que continuará siendo atendida por el mismo equipo médico asistencial que la venía tratando en el Hospital San Rafael.
La Delegación Provincial de Salud justificó el traslado al área de Cuidados Básicos del Hospital San Juan de Dios, que está en un edificio anexo al Hospital San Rafael, en la necesidad de "evitar molestias innecesarias a la paciente" y tras la solicitud presentada por la dirección de su anterior centro médico.
La paciente ha permanecido en los últimos diez años en la Unidad Funcional de Ventilación Mecánica del hospital de San Rafael, concertada con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Ante la petición de Echevarría, la dirección de este centro informó hoy de que "acepta" la interrupción de un tratamiento "respetando el principio de autonomía del enfermo y el documento de voluntades anticipadas, si así lo quiere y lo expresa el paciente, debidamente informado y comprendiendo las consecuencias de su opción", premisas que se cumplen en el caso de esta mujer.
La dirección añadió en el comunicado que reconoce que el médico tiene la obligación de mitigar un sufrimiento "aunque como consecuencia de este tratamiento pueda acelerarse la muerte del enfermo" y que sus integrantes son conscientes de que no todos los tratamientos que prolongan la vida biológica "resultan humanamente beneficiosos para el paciente".
En el caso de Echevarría, los responsables del centro señalan que el cumplimiento de su solicitud de desconectarla del respirador le crearía "un sufrimiento añadido importante, por lo tanto, es necesario su sedación para mitigarle el dolor", aunque consideran su petición "correcta y aceptable, desde el punto de vista jurídico y ético".
Sin embargo, la dirección del hospital de San Rafael alega que como la asistencia a esta paciente es compartida con el Servicio Andaluz de Salud ha optado por trasladarla a un centro público "para que se le realice cuanto necesite y así garantizar adecuadamente la solicitud de la paciente".
