Esta tarifa, creada a través de la disposición adicional tercera de la reciente orden ministerial que regula las tarifas eléctricas (orden ITC/1857/2008 de 26 de junio), busca proteger a los sectores sociales de renta más baja y sólo se podrá aplicar a usuarios que tengan una potencia contratada de menos de 3 kilowatios.
Este límite de potencia significa que estos usuarios deberán realizar un empleo moderado de sus aparatos eléctricos, incompatible por ejemplo con usar simultáneamente cocinas, hornos, calefacciones o calentadores de agua eléctricos.
Los ecologistas dicen que, aunque son casi cuatro millones de contratos los que podrían acogerse a esta tarifa, serán "bastantes menos" los usuarios que lo hagan, ya que deben cumplirse otros requisitos, como que la vivienda que contrate esta opción sea residencia habitual, lo que descarta muchos hogares, sobre todo en pueblos.
El perfil del usuario a beneficiar por esta tarifa podría ser el de una persona mayor que vive en el casco histórico de una ciudad o en un pueblo o el del inmigrante con alquiler en vivienda antigua.
El ahorro que supondrá esta opción para un usuario que tenga una potencia contratada de 2,5 kilowatios equivaldría a unos 5 euros al mes, en una facturación total de unos 25 euros mensuales en la que se incluiría el término de potencia, que pasará a valer 0 euros por kilowatio; el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad.
Para contratar esta tarifa, el consumidor deberá presentar un certificado de empadronamiento y los documentos que la compañía eléctrica debe suministrarle con la primera factura.
A pesar de tratarse de "trámites muy sencillos", Ecologistas teme que puedan ser "excesivos para la población llamada a beneficiarse", por lo que piden a las asociaciones vecinales y de consumidores "que colaboren a difundir esta opción y contribuyan a que se materialice".
