La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia celebra el martes la vista de apelación por la condena a 3 años de cárcel al funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, F.J.M.B. por recibir pagos por la tramitación de permisos de residencia.
En la Audiencia de Pontevedra, también se le impuso el pago de una multa de 5.400 euros y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público. En el juicio, la Fiscalía había demandado penas que sumaban ocho años de prisión y dos sanciones que sumaban 9.600 euros, además de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de cohecho continuado y falsedad en el documento oficial. También había exigido la devolución del dinero cobrado por el servicio.
Según se consideró probado, en el año 2016 inició, tramitó y finalizó cuatro expedientes de residencia, algunos de larga duración y otros de residencia temporal inicial, por los que no debía haber percibido remuneración. Así, por el servicio, demandó un "regalito" a una mujer, que le entregó 50 euros, además de realizar cambios en la fecha de su solicitud de autorización. Mientras, a otra mujer le indicó que debía entregarle "algo", así que ella acudió a la Subdelegación con 200 euros. No obstante, no se los entregó al condenado dado que fue atendida por otra funcionaria, por lo que él le llamó la atención. A una tercera afectada le pidió 150 euros, que ella le entregó en la calle le entregó en la calle.
