Un abonado doméstico paga cada dos meses al Concello un mínimo de 15 metros cúbicos de agua, consuma o no esa cantidad. Se trata de una tasa vigente desde hace años y que se pretende anular, para cobrar a los usuarios por el consumo real que realicen, una medida que podría abaratar el recibo. Esta posible reducción hace que sean muchos los contribuyentes que reclamen la agilización del proceso.
Este compromiso forma parte de las cláusulas del contrato de concesión del servicio que el gobierno local y la empresa Viaqua firmaron a finales de octubre de 2018, pero nueve meses después, la medida continúa pendiente. La razón es que el Concello debe elaborar una nueva ordenanza fiscal que modifique las condiciones de la tasa del agua y contemple el consumo real. El alcalde, Miguel Fernández Lores, explica que con este sistema "se logrará un ahorro de agua", aunque no está cifrado con exactitud ese volumen, pero admite que "la modificación de la ordenanza lleva tiempo".
Así lo confirma el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo. Según sus explicaciones, los servicios económicos y jurídicos del Concello ya trabajan en la redacción de esta norma fiscal, pero se han topado con una reciente sentencia del Tribunal Supremo acerca de las tasas y los precios públicos que obliga a "realizar un encaje jurídico" imprevisto.
En todo caso, González Carballo asegura que "en el plazo de dos meses" esa nueva ordenanza podría estar elaborada y, de cumplirse estos plazos, podría estar aprobada este año. Aún deberá someterse a exposición pública y pasar por el pleno antes de su entrada en vigor, lo que supone que su aplicación real podría ser comienzos de 2020, casi año y medio después de la firma del contrato.
Este contrato, cuya vigencia se prolonga hasta 2038 supondrá notables cambios en la gestión de esta actividad con respecto al contrato anterior, que también correspondía a Viaqua. Así, además del cobro por el consumo real, también determina que la empresa deberá poner en marcha un plan de implantación de la telelectura para el 100% de los contadores del servicio, "de manera que en el primer año de gestión, la mitad del agua registrada en Pontevedra se hará a través de este sistema". Además, deberá mantener una tasa mínima de renovación anual de contadores e instalar estos aparatos en menos de doce horas, con bonificaciones en la tasa para el abonado en caso de incumplimiento. Por el momento no hay constancia de que funcione ya esta telelectura.
La concesionaria asume la renovación de los contadores, que era responsabilidad hasta ahora de los usuarios, y se encargará de tareas que realizaban las brigadas municipales, como el "control y mantenimiento de las fuentes no conectadas al abastecimiento". Se estima que son 240 en todo el municipio. También se hará cargo de mantener las redes de aguas pluviales y bombeos.
Otras iniciativas que anuncia la empresa es el uso de un dron diseñado específicamente para la inspección de grandes redes de saneamiento, o una microcámara de televisión para inspeccionar acometidas y tuberías de pequeño tamaño. En el embalse del Pontillón instalará un sismógrafo para controlar los efectos en la presa de las voladuras que se realizan en la cercana cantera de Verducido y en los colegios de San Marcón y San Andrés de Xeve colocará filtros de eliminación del manganeso.
También en la presa de Verducido se anuncia la instalación de una sonda de nivel de fondo, con regulación y medición y un sistema para garantizar el caudal ecológico del embalse.
