Las explicaciones dadas por el director xeral de Xustiza de la Xunta en el Parlamento Gallego sobre las deficiencias detectadas en el trato a los jurados populares que emitieron veredicto en el conocido como "crimen de la desbrozadora" han generado un profundo malestar en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, encargada de juzgar aquel caso.
Cabe recordar que los miembros del jurado se vieron a medianoche, en el momento en el que interrumpieron su deliberación, sin que se hubiera reservado un lugar para cenar ni para alojarse esa noche, dado que la ley exige que deben permanecer escoltados e incomunicados. Ante esa situación, y a pesar de que es la Xunta la que tiene que proveer de estos servicios a los jurados, fue el propio tribunal el que tuvo que buscar apuradamente un lugar para cenar y dormir a estos 11 ciudadanos. Uno de ellos, llegó a emitir una queja formal ante la Xunta.
Ante esta situación, el Partido Socialista exigió explicaciones a la Xunta en sede parlamentaria y allí el director xeral de Xustiza vino a descargar toda la culpa sobre la Sección Segunda y sus funcionarios, insinuando falta de diligencia de la Audiencia en esta situación e incluso cuestionando el cumplimiento de horarios por sus trabajadores.
Esta respuesta no tardó en causar un profundo malestar entre los funcionarios de la Sección Segunda, expresada por varios sindicatos; pero la indignación se extiende también al resto de profesionales que integran esta sala, incluidos los tres magistrados del tribunal. Aunque no son habituales las manifestaciones públicas por parte de los magistrados de la Audiencia, el presidente de la Sección, Xosé Xoán Barreiro Prado, salió ayer en defensa de su funcionariado y de todos los profesionales de la Sección.
Ante las manifestaciones del director xeral de Xustiza, Barreiro recordó que "a Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra está recoñecida polo Poder Xudicial como a mellor sección penal de toda España", reconocimiento que está en vigor a día de hoy. Un puesto que ocupa "a pesar de varios factores", como es el hecho de ser "a que menos funcionarios ten" de Galicia porque "non se cubren as baixas, amortízanse as xubilacións e non se cubren as vacantes". Otro hándicap es el hecho de que es la única sección de toda Galicia que solo cuenta con tres magistrados. "Todas as demáis teñen catro", matiza Barreiro.
Ante estos datos, el magistrado subrayó que "se seguimos a ser a mellor sección en España é por dous motivos fundamentais: un inmellorable letrado da administración de xustiza e un inmellorable funcionariado". Barreiro destacó que estos datos son algo "público, notorio e evidente e contra isto non poden ir as andrómenas que recentemente se escoitaron dun cargo público que ademáis é letrado da administración de Xustiza", explicó el magistrado.
El presidente de la Sección Segunda también indicó que si el director xeral quiere "depurar responsabilidades" por estos hechos como aseguró en el Parlamento, en la Audiencia de Pontevedra tienen todo documentado para esclarecer lo sucedido, al tiempo que señala que "igual quen debería depurar responsabilidades é a Consellería a quen pertence a citada personaxe pública que fixo estas declaracións".
El malestar en el seno de la Audiencia con estas palabras del director xeral es tal, que incluso se está intentando convocar una reunión para que se realice un pronunciamiento institucional por parte del tribunal provincial en defensa de todos los profesionales que integran esta Sección Segunda, según ha podido saber FARO.
Respuesta de los sindicatos
También los sindicatos Alternativas na Xustiza-CUT y STAJ criticaron duramente las palabras del director xeral. Ambos sindicatos aseguran que Juan José Martín "miente" cuando alega que desde la Audiencia en ningún momento se le comunicó la celebración del juicio con jurado popular, dado que sí lo hizo a través de un oficio remitido por fax a la delegación territorial el pasado 20 de marzo. Se señalaba la duración previsible entre los días 25 y 29 de marzo, aunque destacan que "un juicio se sabe cuando empieza pero no cuando acaba".
En este sentido, subraya la CUT que desde el primer día que se reúnen los jurados en la sala en la que se encuentran "carecen de refrixerio algún" y que, "por non ter, non teñen nin agua". Aseguran que es el "voluntarismo" de los trabajadores de la Audiencia lo que permite abastecer a estos jurados con agua y algún otro producto básico, competencia esta que también es de la administración autonómica. "O deber da Xunta é dirixir ao personal competente ás dependencias onde se atopan os xurados para estar ao corrente e dotalos de todo o necesario, ata o día en que o seu labor como xurado finalice", inciden. Deben tener en cuenta que se desconoce cuánto puede durar un juicio y mucho menos una deliberación.
Situación habitual
La falta de previsión de alojamiento para estas personas incluso pudo tener consecuencias graves como la nulidad del juicio, dado que es la ley la que exige la incomunicación hasta que finalice la deliberación y se emita el veredicto. Desde STAJ se calificaron las declaraciones de Martín como "inasumibles e irresponsables" y lo acusan a él de la falta de medios en la Justicia gallega por lo que piden su dimisión. Señalan que este desentendimiento respecto a las necesidades de los jurados populares por parte de la Xunta viene ocurriendo desde hace, al menos, cinco años.
