Justo en medio de la polémica por la validez de la concesión a Ence, el Gobierno del Estado acaba de sacar a exposición pública un Real Decreto con el que pretende modificar otro del mismo rango por el que se aprobó y desarrolló el Reglamento de la Ley de Costas.
Curiosamente, la modificación legal que el Ministerio de Transición Ecológica saca a exposición pública viene a corregir algunos aspectos del Reglamento de la Ley de Costas que no se ajustarían a la ley, "se han detectado artículos del Reglamento General de Costas que contravienen" tanto la ley de Costas de 1988 como la de Patrimonio del Estado de 2003, señala el borrador de decreto ley expuesto al público.
Los citados incumplimientos coinciden, al menos los más importante salvo correcciones y cuestiones técnicas, con uno de los grandes argumentos utilizados por el Abogado del Estado para allanarse en el recurso sobre la prórroga concedida a Ence, como es la duración de la concesión. En dicho decreto ley se insiste en que tanto la Ley de Costas como la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas impiden que una concesión, incluida su prórroga, pueda durar más de 75 años. Algo que también argumenta la Abogacía del Estado en su allanamiento en el citado recurso y que limitaría una hipotética prórroga de la concesión a Ence al año 2033, al haber sido otorgada la concesión original en 1958 y no poder extenderse esta más de 75 años con prórroga incluida.
Para ello se remiten a una consulta realizada por el Ministerio de Transición Ecológica a la Abogacía del Estado (el 611/2018), que analiza el Reglamento General de Costas y que detecta estos supuestos contenidos "contra legem", es decir, contra las leyes ya aprobadas. Además, se indica por ejemplo que tanto Tribunal Supremo como el Constitucional "declaran contrarios a la propia legislación de Costas la posibilidad de otorgar prórrogas a concesiones demaniales respecto de instalaciones que admitan otra ubicación o emplazamiento", en otro de los argumentos utilizados para no defender la concesión a Ence. Así, al considerar que existe fundamento para su modificación, el Real Decreto a exposición pública propone modificar el Reglamento en varios de sus artículos y en el 130 y el 170 concretamente establece ese plazo máximo de 75 años para cualquier concesión.
