El fiscal especializado en delitos económicos de Pontevedra, Jesús Calles, mantuvo ayer su petición de seis años de prisión para José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. También mantuvo esta misma petición de condena para la ex mujer, la hija mayor, la excuñada y un supuesto colaborador de Prado Bugallo, acusados de ser testaferros del narcotraficante a través, principalmente, de la inmobiliaria San Saturnino. A esto hay que sumar una petición de multas de diez millones de euros.
El juicio quedó ayer visto para sentencia tras una última sesión en la que las partes expusieron sus conclusiones definitivas que luego defendieron ante el tribunal. La Fiscalía tan solo realizó en su escrito de acusación pequeñas modificaciones de carácter económico en su mayor parte y que no afectan sustancialmente a su petición de condena. Consideró probado que Miñanco blanqueó fondos procedentes del tráfico de drogas a través de esta inmobiliaria, así como con la adquisición de bienes a través del resto de los acusados. Las defensas discrepan con esta postura y solicitan la libre absolución. Asegura el ministerio público que en la contabilidad de San Saturnino, así como en otras adquisiciones realizadas por sus allegados, se aprecian "operaciones anómalas". Considera que se incorporaron al patrimonio de estas personas bienes o servicios que no estarían justificados por sus ingresos y que "la aparición de todo este dinero oculto solo puede explicarse por la actividad de narcotráfico de Prado Bugallo".
Del tabaco a la cocaína
El fiscal recordó que Sito Miñanco fue condenado en dos ocasiones por tráfico de estupefacientes, en 1992 y 1994 (en el primer caso por una detención de 1991) pero cree que hay indicios para afirmar que "esta no era la primera vez" que se dedicaba a la introducción de estupefacientes en España. Recordó todo el proceso de reconversión de los contrabandistas gallegos del tabaco y de su infraestructura hacia la introducción de droga, hecho que sitúa a mediados de los años ochenta. A esto añadió que, tanto los "importantes contactos" necesarios con los cárteles de la droga, así como la envergadura de las dos operaciones por las que cayó Prado Bugallo (una de ellas con 3.000 kilos de cocaína), indican a su juicio que ya antes de estas dos detenciones el cambadés tenía que haberse dedicado al tráfico de estupefacientes.
Una vez escuchado el informe del fiscal, el abogado de Prado Bugallo, Gonzalo Boye, aseguró que seguía sin saber "de qué tenemos que defendernos", dado que la acusación "ni tan siquiera señaló ni como, ni cuando, ni dónde" su cliente inyectó fondos del narcotráfico en las empresas o en los patrimonios del resto de los acusados. El letrado insistió en que, practicada toda la prueba en el juicio, no constan fuentes de financiación procedentes de Sito Miñanco ni en la inmobiliaria ni en las adquisiciones realizadas por el resto de acusado, tal y como manifestó un perito de Hacienda, según él mismo recordó. Boye acusó al fiscal de "instalarse en el relato televisivo" sobre su cliente, en una "realidad paralela" que no se corresponde con la "realidad" que han desvelado las pruebas practicadas en la vista oral, persiguiendo una condena a toda costa. Boye ironizó diciendo que "se trata de Sito Miñanco, hay que condenarlo, porque de lo contrario no podremos estrenar ni el libro, ni la teleserie".
Acusación "pobre y pueril"
También fue muy crítico el abogado de la exmujer de Prado Bugallo, Rosa Pouso. Alejandro Vega calificó de "pobre" y "pueril" la acusación del fiscal, que se asienta además de una "prueba muy deficiente" como es el informe de tasación realizado sobre los bienes intervenidos y que contiene, a su juicio, múltiples errores. "Es la primera vez que me encuentro con una acusación de blanqueo sin calcular la cantidad blanqueada", dijo sorprendido; y afirmó que su defendida "no es una pantalla" de su exesposo, "ni una mujer florero, es una mujer que lleva 30 años trabajando" y que es de este trabajo de donde surge su patrimonio. En este sentido, destacó que "como mínimo desde 1988", fecha formal de separación, pero según sus propios testimonios desde 1982, la relación entre Miñanco y su exmujer está rota, salvo por sus hijas. Para el fiscal, el hecho de que Rosa Pouso acudiese a prisión a recogerlo y figure en los permisos como persona responsable es un síntoma de que, si no eran pareja, sí mantenían una fuerte relación "familiar o de intereses comunes". El abogado de Rosa Pouso lo rechaza y justificó estas visitas en el hecho de que iba a acompañar a sus hijas, menores de edad, a que vieran a su padre.
Por su parte, el abogado que defiende a la hija mayor de Prado Bugallo, Rosa Prado Pouso, instó al tribunal a que dicte una sentencia absolutoria ante la falta de pruebas y ponga fin "a diez años de padecimiento" de los acusados, en referencia también a la larga instrucción.
