Los afectados por los expedientes sancionadores de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) lamentan que la "sensibilidad" prometida por el director de la agencia, José Antonio Cerdeira, a través de informaciones periodísticas, no se demuestre en la práctica a la hora de valorar cada caso.
Los portavoces de la Plataforma Salvemos Vilaboa salieron "muy decepcionados" de la reunión mantenida ayer con el responsable de la APLU, al no apreciar intención alguna de resolver la situación que afecta a las viviendas de Vilaboa "cuando sí han buscado la manera de evitar derribos en muchos otros lugares de Galicia", señaló el portavoz de la plataforma, Enrique López Patricio, cuya casa es la primera que podría ser derribada en este municipio en cumplimiento de una sentencia judicial.
López Patricio defendió ante José Antonio Cerdeira que este organismo no tiene ninguna orden de apremio para hacer cumplir la sentencia y que esperar a que se apruebe el PXOM de Vilaboa, que podría entrar en vigor antes de 2019, supondría una vía de solución al conflicto. Pero tras el encuentro con el responsable de la APLU, este vecino no aprecia voluntad alguna de buscar una salida que no suponga un serio conflicto social.
De hecho, la plataforma de afectados subrayó ayer que el movimiento vecinal creado en Vilaboa para hacer frente a los posibles derribos tomará más fuerza, tras esta negativa de la APLU a avanzar en la búsqueda de soluciones de consenso.
Además del "decepcionante" encuentro con el director de la APLU, los representantes de Salvemos Vilaboa acudieron ayer a la sede del Valedor do Pobo, para entregar un total de 3.300 firmas pidiendo la mediación de esta institución ante la "sinrazón" de la APLU y la Xunta en este asunto, explica su portavoz.
Consellería
Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio envió un comunicado en el que manifiesta que "el deber de la APLU es adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar la legalidad vulnerada y velar por el cumplimiento tanto de sus propias resoluciones como de los mandatos judiciales". A día de hoy la APLU tiene en tramitación en Vilaboa 58 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, de los cuales 30 se refieren a construcciones en suelo rústico y 28 están en zona de servidumbre de protección, "un ámbito en el que el urbanismo se rige por la normativa estatal de Costas y en el que, por lo tanto, la Xunta carece de competencias", añade.
Por otra parte y respecto a las posibilidades que abriría para los afectados la aprobación de un nuevo PXOM en Vilaboa, Cerdeira explicó que aunque es posible que el futuro plan modifique la situación urbanística de algunos inmuebles en suelo rústico, la agencia no puede revisar ningún caso hasta el momento en que el PXOM esté aprobado. "La tramitación de un expediente de reposición de la legalidad no se ve afectada en ningún momento por los procedimientos de modificación o de aprobación del planeamiento en marcha", por lo que el director de la APLU incidió en que las posibilidades de legalización en cada caso habrá que analizarlas en el momento en que entren en vigor.
Respecto a la situación de la vivienda de Riomaior sobre la que pesa una sentencia firme del TSXG con orden de derribo, el director de la APLU explicó que en este caso, al igual que en todos aquellos en los que existe un pronunciamiento judicial, "la Administración tiene el deber de cumplir la ley y seguirá adelante con el proceso para ejecutar el mandato de la justicia".
