La conferencia de Espiño Nodal también dejó un "recado" para el legislador. Y es que el Código Penal sí recoge con claridad en su artículo 550 que aquellos que agredieren, acometieren o con intimidación grave o violencia opusieran resistencia grave a funcionarios públicos sanitarios, cuando realicen las funciones propias de su cargo, se les impondrá una pena de prisión de entre 6 meses a tres años. Para el agente, "lamentablemente", el artículo del Código Penal deja fuera a los trabajadores de la salud de los centros sanitarios privados y considera que los Colegios Médicos deberían seguir insistiendo para pedir que se reforme el texto para ampliar la cobertura a todos los profesionales.
Además de Espiño Nodar y del jefe de la UDEV, Laureano Rodríguez, también intervino el inspector de la Policía Nacional, Gustavo Noya Doval, y el responsable de la seguridad en el CHUAC, Antonio Fraga.
El acto contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana Ortiz; el comisario provincial, Manuel Bouzas; el secretario del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, Pedro Silva; el gerente del SERGAS, José Ramón Gómez Fernández, el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández; la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo.
