Funcionarios de la administración de Justicia de Pontevedra y los partidos judiciales del entorno comparecieron ayer en la sede judicial de A Parda y lo hicieron, afirman, por iniciativa "propia y espontánea" y de manera "independiente" a los sindicatos. Salieron a la palestra después de la convulsa jornada de votaciones del viernes, en la que el "no" al principio de acuerdo logrado entre la Xunta y cuatro de los sindicatos.
En esta comparecencia, los trabajadores anunciaron la presentación de un escrito que ya había sido firmado por más de 200 trabajadores en Pontevedra en el que instan a la Xunta a realizar una reunión urgente para el miércoles entre el comité de huelga y la administración "para que se busque la solución más inmediata posible" a un conflicto que mantiene la Justicia gallega paralizada desde hace ya tres meses. Estos trabajadores exigen "a las dos partes" que tengan "voluntad negociadora de forma continuada" y creen que solo será posible el acuerdo si las reuniones son continuas y no "si se celebran cada 7 o 15 días" como hasta ahora.
Los funcionarios también dijeron sentirse "dolidos" por las escenas de tensión entre compañeros vividas el viernes. Aseguran que se han hecho "valoraciones" sobre estos hechos que les han "ofendido", como las que los compararon "con grupos organizados" que pretendían inclinar de un lado o del otro la votación; o como funcionarios "manipulados por los sindicatos" contrarios a la propuesta de la Xunta.
Afirman que lo sucedido el viernes "no fue más que una expresión lógica de indignación" después de "tres meses en huelga" y después de "exigir unidad sindical" y "descubrir que había sindicatos que habían negociado con la Xunta de forma oculta". Aseguran que ese acuerdo que se fraguó "sin luz y taquígrafos" por parte de los sindicatos CC OO, UGT, USO y CSIF dinamitó la unidad sindical y "provocó indignación" entre los funcionarios "que se expresó" en la tensión vivida domingo hacia los representantes de los citados sindicatos.
En cualquier caso, niegan las acusaciones realizadas por Alfonso Rueda y también desde alguno de los sindicatos que apoyaban el acuerdo y afirman que "jamás se coaccionó a ninguna persona para evitar que votase o para dirigir el voto en un determinado sentido".
Con todo, manifestaron su voluntad de tender puentes "para intentar recuperar la unidad sindical de la que nos sentíamos orgullosos" y que permitió afrontar meses de conflicto "con una constancia digna de admiración" a pesar de "los muchísimos sacrificios que está conllevando esta huelga".
